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La Asamblea aprobó la semana anterior por unanimidad la ley que prohíbe la explotación de cualquier tipo de metal y el uso de cianuro y de mercurio con ese objetivo.
 
Los Diputados se pusieron de pie al terminar la votación, se dieron aplausos, felicitaciones y todo fue algarabía en el Salón Azul; sin embargo, hizo falta un pequeño detalle: Los fondos para resarcir el daño ocasionado por la mina San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, en La Unión.
 
La Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, dijo que “contar con una Ley contra la minería es un triunfo para el país, ya que desde 2006 era discutida en el Congreso sin ningún resultado positivo”.
 
Sin embargo, está consciente que aunque la Ley le confiere la facultad de implementarla en el corto plazo, para resarcir el daño ambiental causado por la mina San Sebastián, la institución no cuenta con los recursos suficientes.
 
Ante esa incertidumbre los Diputados ven como una salida usar los $8 millones que la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim), está obligada a pagarle al gobierno, más el 2% de interés, según la ratificación que hizo esta semana el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI), como producto de la condena en su contra después de que el Estado le ganara un arbitraje internacional.
 
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, reforzó la propuesta de los Diputados.
 
La presión que ahora deben poner los legisladores es que Oceana Gold pague al Estado, ya que según Luis Parada, el abogado salvadoreño que participó en el litigio con Pacific Rim, la empresa lleva cinco meses sin cumplir la condena que le fue impuesta el 14 de octubre de 2016.
 
Tras la aprobación de la Ley y de la que muchos Diputados, como Johnny Wright Sol, de Arena, celebraron que finalmente “el agua le ganó al oro”, y que de ahora en adelante “prevalecerán los intereses del país” por encima de los empresariales, de acuerdo a Francisco Zablah, de Gana, el reto quedó en buscar esos fondos para descontaminar las áreas que por décadas sufrieron deterioro ambiental y, sobre todo, los daños a la salud humana que también han ocasionado.
 
Lo positivo en el futuro es que contando con dicha normativa, 17 empresas que habían solicitado permiso al Ministerio de Economía para explorar el subsuelo en busca de metales ya no podrán hacerlo.
 
Martha Evelyn Batres, de Arena, afirmó que quedan suspendidas por completo.
 
T. de ElSalvador.com

 

 

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