Al tablero Directora de Coldeportes PDF Imprimir E-mail

 

En una comunicación de seis páginas, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le pidió a la directora de Coldeportes que precise detalladamente las labores de supervisión que debió cumplir la entidad con ocasión de los Convenios Interadministrativos que suscribió con el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI).


De dichos convenios se derivaron los contratos de obra que tuvieron por objeto la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales en la ciudad de Ibagué, financiados con recursos de Coldeportes, el Sistema General de Participaciones –SGP, el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué.
 
Vencidos los plazos de ejecución de dichos contratos, las obras quedaron inconclusas, no prestaron ninguna utilidad pública y sus graves deficiencias constructivas -constatadas por ingenieros de la Universidad Nacional de Manizales, que asesoraron a la Contraloría- impidieron que fueron utilizadas.

Hoy día la Contraloría General de la República adelanta por estos hechos 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $60 mil millones de pesos.

Lo que deberá informar la directora de Coldeportes

La directora de Coldeportes deberá informar al Despacho del Contralor General de la República, lo siguiente:

1) El estado a la fecha de los Convenios Interadministrativos y Contratos de Obra derivados de los mismos.

2) Las medidas presupuestales y administrativas adoptadas por Coldeportes en su condición de entidad supervisora de los convenios, especialmente:

* Las actividades de seguimiento y vigilancia adelantadas hasta la fecha.

* Requerimientos de información efectuados al IMDRI.

* Y actuaciones tendientes a establecer sanciones administrativas, así como los procedimientos que se hayan adelantado a fin de declarar el incumplimiento al contratista, e imposición de multas y sanciones de conformidad con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.

Y3) Indicar si los convenios interadministrativos suscritos fueron objeto de terminación anticipada, liquidación unilateral o bilateral, balance financiero, y en general informar la última actuación referente.

Recorderis sobre protección de los recursos públicos

En su misiva a la directora de Coldeportes, el Contralor Edgardo Maya Villazón recordó varias de las normas que aplican en materia de supervisión de contratos y protección de los recursos públicos:

* En virtud de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión e interventoría en un contrato tiene como fin proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, por lo que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, y dicha supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que se efectúe al contrato, siempre que sea financiado con recursos públicos, indistintamente de la fuente de financiación.

* Le corresponde al supervisor “mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”, so pena de incurrir en faltas disciplinarias, a la luz de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, y en la Ley 734 de 2002.

* A su vez, el inciso 2º del parágrafo 3º señala que: Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no le conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsablemente solidariamente con éste, de los perjuicios que se ocasionen.
 
Significa lo anterior que no basta sólo con hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sino que además se deben tomar por parte del ordenador del gasto o representante legal de la Entidad Estatal, todas las medidas tendientes a la protección del Erario.

En ese orden de ideas, responderá disciplinariamente quien tenga a su cargo la supervisión del contrato, así como también el ordenador del gasto a quien de igual manera le corresponde la protección de los recursos públicos.

* Toda vez que los contratistas de los Contratos de Obra no tenían relación contractual directa con Coldeportes, las medidas y decisiones administrativas debieron tomarse por parte de su representada, respecto de los involucrados en los convenios interadministrativos.
 
En otras Noticias:
 
Contralor, Procurador y Defensor
advierten desatención a víctimas
 
De acuerdo al  Comunicado de Prensa No. 170, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera; y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, suscribieron una carta conjunta en la que le piden al Gobierno Nacionaldar una respuesta pronta y suficiente, a las víctimas y a la Comisión de Seguimiento yMonitoreo que integran estas tres entidades, sobre las eventuales modificaciones que se vayan a hacer a la política de atención y reparación.

Consideraron además que el Gobierno debe precisar las modificaciones normativas que se deriven de las propuestas que presentaron las víctimas y sus organizaciones en el llamado Espacio Amplio Participativo que se implementó con la Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
 
La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo expresaron su “preocupación por la falta de claridad acerca de cómo serán incluidas o tenidas en cuenta las propuestas de las víctimas en la reforma a la política y los ajustes normativos a los que haya lugar, y por los escasos avances en el proceso de ajustes a la política pública como lo establece el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las farc”.
 
Otra preocupación de las tres entidades y sus respectivos jefes es la referente a la financiación de la Política de Atención y Reparación Integral a las víctimas sobre todo por los gastos que están incluidos en elmarco del Acuerdo Final.
 
En particular, consideraron que es necesario establecer cómo se formaliza la  financiación en el nuevo escenario fiscal, para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el nuevo horizonte de tiempo (6 años adicionales a los inicialmente contemplados).
 
La comunicación del Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo está dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez; a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Claudia Isabel González Sánchez, y la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, Yolanda Pinto Afanador.
 

 

 

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Hoy: Ene 16, 2018