Juegos Nacionales de Ibagué: PDF Imprimir E-mail
 
* Existen 13 procesos de responsabilidad fiscal donde se encuentran inmersas irregularidades por cuantía superior a los $66 mil millones de pesos, y que involucran a 56 personas, entre ex servidores públicos del orden municipal, contratistas, asesores, interventores y supervisores.
 
Medidas cautelares por más de $112 mil millones de pesos ha decretado la Contraloría General de la República, dentro de los 13 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta por las irregularidades presentadas con las obras que debieron servir de escenario a los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué.
 
Entre estas medidas, se destaca el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades, como Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar.
 
Así mismo, entre las medidas que se han hecho efectivas, se encuentra el embargo preventivo de saldos bancarios de las cuentas de algunos contratistas, logrando el recaudo en títulos de depósito judicial de más de $20 mil millones de pesos.
 
El exalcalde de esta ciudad, Luis H. Rodríguez Martínez, se encuentra llamado a responder por más de $56.700 millones de pesos, dentro de los 7 procesos de responsabilidad fiscal en los que se encuentra vinculado en calidad de presunto responsable, y el organismo de control ha logrado embargarle 4 bienes inmuebles, 2 en el área rural y 2 en el área urbana.
 
La Contraloría General de la República estableció en $66 mil 346 millones de pesos el daño patrimonial causado al Estado, por las irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras contratadas para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué, con ocasión de los pasados 20° Juegos Deportivos Nacionales y 4° Paranacionales.
 
El detrimento se estableció dentro de la totalidad de procesos de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, con ocasión de los mencionados hechos.
 
A estos procesos se encuentran vinculados un total de 56 personas, entre ex servidores públicos del orden municipal, contratistas, asesores, interventores y supervisores, tales como el Alcalde municipal para el período 2012-2015 ya mencionado, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, y el Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de la época.
 
Requerimiento a Coldeportes
 
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le solicitó a la Directora Nacional de Coldeportes, Clara Luz Roldán González, evaluar las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2018 de esta entidad, relacionadas con los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué.
 
En reciente oficio que le envió, del que se le remitió copia al actual Alcalde municipal de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, el Contralor Maya Villazón informó a Coldeportes sobre el estado de estos procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan, así como de la celeridad que se le ha imprimido a los mismos, con el fin de que las importantes obras que debían“ser dispuestas en el marco de los pasados 20º Juegos Deportivos Nacionales y 4º Paranacionales 2015, no queden inconclusas o inservibles.”
 
¿No es completa la información sobre manejo de recursos del SGP?
 
Según lo evidenciado por la Contraloría General de la República, dentro de los recursos destinados para los pasados Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, se detectó la presencia de recursos del orden nacional como los provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, correspondientes al componente de Propósito General.
 
Con estos recursos se habría estructurado una parte del que se convirtió en el mayor desfalco que haya vivido el país en materia de infraestructura deportiva.
 
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha establecido guías para “la ejecución, monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participaciones”,según ha podido determinar la Contraloría, mucha de la información que suministran las entidades territoriales corresponde a un mero formalismo en términos de coberturas, como ya se ha visto no sólo en el rubro de Propósitos Generales, sino igualmente en los de Salud y Educación.
 
EN OTRAS NOTICIAS:
 
Por no tener piso legal:
Contraloría rechaza argumentos de Minhacienda
para tratar de justificar descapitalización del FNA
 
* En respuesta a la CGR, el Ministerio de Hacienda quiere presentar como constitucional y legalmente viable esta medida, pero sus argumentos no tienen fundamento alguno.
 
* Por mandato constitucional, los recursos del Fondo tienen tratamiento y protección especial, y no se puede desconocer tal circunstancia al ordenar su descapitalización, responde la Contraloría al Ministerio.

* El Contralor Edgardo Maya Villazón hablará del tema con motivo de la Rendición de Cuentas de su Tercer Año de Gestión (este martes 21 de noviembre, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá).

La Contraloría General de la República reiteró con absoluta firmeza su desacuerdo con la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y consideró que no tienen validez legal los argumentos que, por escrito y a manera de defensa de esta medida, le expuso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
 
En comunicación dirigida a la CGR, el Ministerio, a través del director general del Presupuesto Público Nacional, Fernando Jiménez Rodríguez, sostiene que la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es constitucional y legalmente viable, pues la destinación específica prevista en el artículo 48 de la Constitución Política sólo aplica a los recursos que tienen relación directa y objetiva con la seguridad social, y no a los recursos propios de las entidades.
 
En consecuencia, asegura dichoMinisterio, al recaer la orden de descapitalización sobre el patrimonio del FNA, no sobre las cesantías y ahorros de los afiliados, no se desconoce dicha norma.
 
Al respecto, la Contraloría considera preciso indicar que el citado artículo 48 constitucional prohíbe de manera expresa destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas.
 
Para la CGR, la división entre recursos relacionados directa o indirectamente con la seguridad social, y los propios de la entidad que los administra, se predica de las entidades privadas que manejan recursos públicos, de manera que no aplica en el caso del Fondo Nacional del Ahorro, que es una institución de seguridad social con naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, cuyo patrimonio, así como las cesantías que administra y el total de sus recursos financieros, tienen un tratamiento especial y preferente.
 
“Así lo indica expresamente el parágrafo del artículo 4º de la Ley 432 de 1998, al señalar que los recursos, utilidades y rendimientos del FNA no podrán destinarse para fines diferentes a su objeto y funciones, norma que no es oscura ni ambigua, ni condiciona la prohibición al origen de los recursos”,señaló la Contraloría.
 
En consecuencia, agregó, al estar atados los recursos del FNA a su objeto y funciones, previstos en el artículo 3º de la Ley 432 de 1998, tienen un tratamiento y protección especial que debe respetarse, pues ese es el mandato legal y constitucional, en tanto que la norma que ordena la descapitalización del FNA para nada considera tal circunstancia.
 
Respecto a los distintos ítems que conforman las fuentes de recursos del FNA, la Contraloría aclaró que no ha cuestionado el efecto de la descapitalización sobre las cesantías de los afiliados.
 
Otro argumento sin sustento
 
Por otra parte, afirma el Ministerio que la mencionada norma, incluida en el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, tampoco vulnera la Ley 432 de 1998 (que reorganiza el FNA), pues al ser ambas leyes ordinarias, la ley presupuestal, por ser posterior, prevalece sobre la ley ordinaria de reorganización del FNA, por ser anterior.
 
La CGR recuerda que la regla de interpretación según la cual ley posterior prima sobre la anterior, sólo es aplicable cuando las normas supuestamente incompatibles pertenecen al mismo ámbito de validez. Esto no ocurre con las normas en cuestión, puesto que no coinciden en su fin ni en su materia, por lo que no es cierto que el asunto deba resolverse haciendo prevalecer la posterior.
 
La Ley 432 de 1998 regula la naturaleza y marco jurídico del FNA, y expresamente en el artículo 4 define los recursos y la destinación específica de ellos, prohibiendo que sean destinados a fines distintos a su objeto y funciones.
 
Por su parte, la Ley del Presupuesto tiene por fin determinar el presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia 2018, cuyo artículo 104 tiene por objetivo financiar programas sociales, sin que modifique expresamente la naturaleza de los recursos del FNA, ni dé un nuevo tratamiento a su destinación.
 
“Lo que existe es una nueva norma que no tiene en cuenta las disposiciones constitucionales y legales existentes, que prohíben destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”, respondió con toda claridad la Contraloría.
 
Por lo tanto, la conclusión no puede ser otra: la Contraloría General de la República reitera que el artículo que ordena la descapitalización del FNA transgrede abiertamente la Constitución y la ley, pues el FNA es una institución de Seguridad Social que no puede destinar ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes financieros para fines distintos a su objeto y funciones.
 
Este martes 21 de noviembre:

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, rinde cuentas de su tercer año de gestión, (Desde las 8:00 a.m., en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede y centro empresarial Salitre, al frente de la sede de la CGR)
 

 

 

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Hoy: Ene 17, 2018