Escribe: Fernando Torres Mejía.-
De nuevo el Centro Democrático insiste en reducir el número de congresistas, para lo cual radicó un proyecto de ley con el que intenta eliminar 122 curules, con lo cual el Senado quedaría con 51 senadores y la Cámara con 106 representantes, buscando con esta iniciativa tener un ahorro de $316.400 millones de pesos, teniendo en cuenta que el Congreso lo conforman 280 legisladores con salarios que superan los $34 millones mensuales, más el costo de las UTL, el alquiler de vehículos blindados, conductores, escoltas, pasajes aéreos, los insumos de papelería, equipos de cómputo, elementos que se requieren para el funcionamiento de esta institución, sin contar con los beneficios tributarios que el estado les otorga a estos “honorables”, pero, así como ocurrió en julio de 2016 y agosto de 2017 donde se radicaron proyectos de ley que buscaban dicho propósito y que se hundieron por vencimiento de términos, en esta oportunidad no será la excepción, ya que son los mismos congresistas quienes deben discutir y aprobar esta iniciativa, eso es como dejar al ratón cuidando el queso.
Pero estas no son las únicas iniciativas con las cuales se ha buscado ahorros para el estado vía reducción del Congreso; el 26 de agosto de 2018, se realizó la consulta popular anticorrupción cuyo principal objetivo entre otros, era el de reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, fijando un tope de 25 SMLMV, como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política, pero al igual que las iniciativas anteriores, también se hundió en el recinto de los “honorables”
Los colombianos en general hemos venido reclamando estas iniciativas porque además del alto costo que representa “mantener” a estos personajes, también es claro que es en el Congreso de la República, donde nace y tiene asiento la corrupción que cada vez es más latente en este país, y también es uno de los reclamos que a diario hacen los jóvenes que se cansaron de ver como los “honorables” se apropian de los recursos de la nación, y ni que decir de los mal llamados entes de control como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, el CNE, las Cortes, que con sus acciones se han convertido en cómplices del accionar del Congreso, pero es que además si se contara con indicadores de gestión para ver la eficiencia y efectividad de este grupo de funcionarios, la gran mayoría, si no todos, obtendrían pésimos resultados.
Como Colombia es el país de las contradicciones, no conformes con el número de congresista, el gobierno anterior le regaló 10 curules a los narcoterroristas de las farc, pero no contento con esto, también “logró” que el Congreso mediante el mecanismo del “Fast Track” aprobara 16 curules más para las víctimas del conflicto armado, es decir estas 26 curules en solo salarios, superarán los $1.000 millones de pesos mensuales y todo para cumplir con los acuerdos de la Habana, que no son otra cosa que el mayor lavado de activos de la historia de nuestro país.
Las mal llamadas curules de paz, van a regir en los territorios PDET, lugares donde los niveles de ilegalidad de cultivos ilícitos supera el 95%, donde grupos narcoterroristas mantienen el control territorial razón por la cual se siguen presentando desplazamientos, coerción de la libertad, razones de peso para sostener que estas, no serán para las víctimas sino para quienes sean impuestos por estos grupos al margen de la ley, entre ellos las farc, así los defensores de las mismas, continúen sosteniendo que estas curules serán para las víctimas o sus familiares y para tal efecto, deben acreditar que llevan 3 años en los territorios PDET o en el caso de víctimas desplazadas que acrediten que llevan 3 años en cualquier momento anterior.
De igual forma, hay cuestionamientos como, ¿Por qué solo las víctimas de antes y no las de ahora? ¿Las de ahora no tienen derecho, si el conflicto y las masacres continúan?, ¿Por qué no se permitió que los miembros de las fuerzas armadas aspiraran en estas curules, acaso no han sido víctimas?, ¿No fueron secuestrados, torturados y asesinados?. Pero claro los miembros de nuestras fuerzas armadas “no tienen derecho” porque el gobierno que firmó los acuerdos tiene más empatía y es más afín al crimen organizado de las farc y enemigo de las fuerzas armadas, o es que se nos olvida que los equiparó con estos narcoasesinos.
No nos dejemos engañar, lo que se acordó en la Habana entre otras cosas, fue el mayor lavado de activos de la historia de este país, la legalización de las fortunas del grupo narcoterrorista, y como si fuera poco se les otorgaron además de las 10 curules que ya ostentan, estas “16 curules de paz, otro triunfo del narcoterrorismo de las farc”, que siguen más vivas que nunca y delinquiendo peor que antes.
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NOVEDAD LITERARIA
