Escribe: Álvaro Uribe Vélez.-
Los picos de mayor pobreza e inequidad han coincidido con picos de violencia, que han acentuado el círculo vicioso de mayor violencia, menor inversión y más pobreza.
Entre 2001 y 2013 la pobreza bajó del 51% al 27% de la población. Durante varios de aquellos años se trabajó por el círculo virtuoso de mayor seguridad, más inversión y emprendimiento y aumento de la cohesión social.
A pesar de las dificultades económicas y sociales por la crisis internacional de 2008 y 2009, el país recuperó rápidamente el crecimiento de la economía y la senda de disminución de la pobreza. Se logró no obstante que se acumularon otras dos crisis: el cierre del mercado de Venezuela y la intervención necesaria de las pirámides del narcotráfico que afectaron a miles de ciudadanos en el Sur Occidente y en Boyacá.
Entre 2014 y 2018 la pobreza se estancó en el 27%. Se alegó como causa la disminución del precio del petróleo cuando el país no ha sido dependiente de este recurso.
Debe anotarse que hubo enorme aumento de impuestos a pesar de alivios parafiscales compensados con otra contribución que fue el CREE; se dio gran expansión de gasto público burocrático; se debilitaron las políticas sociales que venían; y, el derroche también se expresó en los auxilios parlamentarios, que tomaron el nombre de mermelada, en muchos casos asignados y gastados con corrupción. Hubo desaceleración de la inversión privada, de la generación de empleo de calidad y del crecimiento económico real, que en momentos fue inferior al crecimiento de la población.
El Gobierno Duque bajó impuestos y restableció confianza para la inversión, lo cual mejoró sustancialmente la economía hasta marzo de 2020, llegada de la pandemia.
Los esfuerzos del Gobierno han sido importantes pero el daño social de la pandemia ha sido superior. Sin esos esfuerzos la pobreza estaría en el 50% y más colombianos de ingresos medios habrían regresado a condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la pobreza en el 42.5% destruye el tejido social y amenaza arrasar con la democracia.
Anoto que el cambio de fórmula para medir la pobreza, que analiza ingresos y gastos diferenciales de las familias en 23 ciudades, mostró un incremento de la pobreza en 7.7%. A esto se sumó un incremento de 1,2% en 2019 a consecuencia de los problemas que traía el sector agropecuario. Los restantes 9 puntos de más pobreza se deben a la pandemia.
El Gobierno, gran parte de la ciudadanía y de los partidos tienen claridad sobre las soluciones sociales requeridas. No hay duda que la reactivación productiva y el empleo son los elementos fundamentales.
Esto requiere consolidar la seguridad y clarificar las reglas de impuestos, que se deben aumentar para la política social, que también sustentan la reactivación y ayudan a superar la inconformidad y la rabia social, que atemorizan la inversión.
Se está en mora de adoptar impuestos que no generan controversia social, ofrecidos además por los sectores productivos, como el aumento provisional del impuesto de las empresas al 34%, venimos del 42% al incluir el CREE, la sobre tasa al sector financiero, y congelar el descuento tributario del ICA en el 50% que ya se aplica.
Estos impuestos no alcanzarían el altísimo y dañino nivel que había en 2018, y no afectarían la confianza de inversión.
A la urgencia de políticas sociales ampliadas, bastante difundidas, debería sumarse el suministro de capital de trabajo a los micro negocios que siguen sin reaparición, que solamente en Bogotá podrían ser 40 mil.
La urgencia de acelerar soluciones y no perder el mes de receso del Congreso ayudaría a recuperar el tejido social y a dar señales de confianza al sector privado.
No olvidemos que donde hay empresa privada vigorosa se supera la pobreza y la inequidad.
El gran problema no es la empresa privada sino la falta de más empresa privada.
El peligro socialista hay que confrontarlo con realidades, el solo discurso muestra agotamiento.
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