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Castrismo niega comida a quienes salgan por más de dos meses de Cuba

Escribe: Oriana Rivas*

Esta decisión sobre la libreta de abastecimiento solo busca esconder la ineficiencia del régimen cubano. En otros países como Colombia el  gobierno sube el valor de los productos básicos. (EFE)

Anteriormente, la dictadura cubana concedía al menos tres meses fuera del país para tener que hacer el trámite ante la Oficina de Registro del Consumidor (Oficoda). Ahora anunció que quitará el supuesto “beneficio” a los cubanos que pasen dos meses fuera de la isla.

El régimen cubano se sigue superando a sí mismo cuando se trata de someter a la población a los tratos más inhumanos y a la mayor miseria posible. Si hasta hace poco resonaban las historias de deportistas que aprovechan las competencias internacionales para huir de la isla, ahora la dictadura decide presionar a quienes salen por más de dos meses del país, quitándoles la libreta de abastecimiento.

Esta libreta, cuyo único objetivo es controlar a la población usando el hambre, fue anunciada por Fidel Castro como una medida “temporal” que ya cumple 60 años. Y a pesar de que regula la cantidad de alimentos de una persona, ahora el régimen va por más: por medio de una Gaceta Extraordinaria ordenó que quienes pasen más de dos meses fuera del país, deberán tramitar la baja ante la Oficina de Registro del Consumidor (Oficoda).

Antes del cambio, el castrismo concedía al menos tres meses fuera del país para tener que hacer el trámite. Ahora, con la nueva decisión, restringe aún más la posibilidad de que los cubanos accedan a alimentos (cuya calidad también es dudosa). Esta es la única vía para aquellos que no cuentan con recursos para comprar productos en Mipymes, donde se vende bienes importados en dólares.

Más represión y pocos recursos

Esta decisión sobre la libreta de abastecimiento solo busca esconder la ineficiencia del régimen cubano. En primer lugar, los habitantes de la isla cuestionan todo el trabajo que implica en términos de logística sacar a más personas del mal llamado “beneficio” en comparación con lo poco que este ofrece. Es decir, sugieren que el castrismo va a gastar más en papel y tinta que en lo que “dan con la libreta”.

En segundo lugar, la Administración de Miguel Díaz-Canel no ha sido capaz de digitalizar el proceso que comenzó en 2018. Un artículo del portal 14 y Medio explica que hace más de 30 años existe la obligación de comunicar altas y bajas por fallecimientos, salidas del país o cambios en el domicilio, pero el incumplimiento “era muy elevado”. La digitalización se anunció para “aumentar el control sobre los cambios”, pero las fallas del sistema y la corrupción lo impidieron. Ahora, el régimen pretende cercenar un derecho humano –reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948– sin ni siquiera tener los recursos para hacerlo. Tampoco es la primera retaliación del castrismo contra los cubanos. Apenas tres meses atrás impidió la salida de unos 600 ciudadanos por tener “deudas significativas” con el fisco. No solo es arbitrario en el derecho al libre tránsito, sino que destaca la necesidad de recursos y de represión a los habitantes.

Continúan los apagones

Mientras Díaz-Canel anuncia este tipo de medidas, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) sigue emitiendo partes diarios de cortes eléctricos. Solamente el 7 de diciembre los apagones afectaron al 11% de Cuba en el horario de mayor consumo. La falta de inversión en las centrales termoeléctricas y la corrupción están entre las causas de esta crisis. Una que tampoco se ha solucionado con las siete centrales eléctricas flotantes que alquilaron en los últimos cinco años a Turquía.

El dictador cubano sigue culpando al “bloqueo” estadounidense. Lo llama “la más flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos de todo un pueblo”. Pero al mismo tiempo, aumenta en casi 900% la compra de azúcar a Estados Unidos, lo cual demuestra que entre ambas naciones hay fluidas relaciones comerciales.

* Oriana Rivas, Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.

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