Escribe: Luis Hernando Granada C.–
Los colombianos siempre hemos tenido problemas y hemos sido víctimas de los abusos por parte de las empresas de servicios públicos: Energía, gas, acueducto y hasta telefonía celular, forman parte de una mafia que exprime al máximo a sus suscriptores.
Sin embargo, y en el caso del Tolima, luego de habernos librado de Enertolima, empresa que no producía sino que compraba y revendía a altos precios la energía, ahora nos enfrentamos a Celsia, una empresa de energía del Grupo Argos, con un servicio irregular, muchos cortes repentinos e inexplicables y con el más descarado abuso en su facturación.
Las quejas son a granel y provienen de todos los rincones del Tolima, donde sus suscriptores pagan grandes sumas de dinero por servicios que no están utilizando en estos momentos debido a la pandemia del Covid-19.
Restaurantes, oficinas, empresas de todo tipo cerradas por la bioseguridad, han registrado aumentos descarados y cínicos sin que nadie haga frente a esta situación.
La empresa, a través de sus puntos de atención, la mayoría cerrados y de sus líneas de atención al cliente, se burlan de los usuarios, sin que estos logren una solución efectiva.Por lo general, no se obtiene ningún tipo de respuesta ni a través de las líneas telefónicas ni por medio del sistema digital.
En Colombia contamos con la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Y se supone que su articulado es para favorecer a los usuarios. Sin embargo, la Ley es muy buena, pero en el papel.
Contamos también con la Superintendencia de Servicios Públicos, una entidad que solo ha actuado como cómplice de estas empresas, porque después de muchas vueltas que le dan al cliente, éste termina pagando los abusos, so pena de que el servicio le sea suspendido.
Por el mismo año –1994–, nuestro flamante y obsoleto Congreso de la República, mediante las leyes 142 y 143, creó las comisiones de regulación, con el fin de “regular” las actividades de los servicios públicos domiciliarios. Es decir, se creó la CREG, por parte del Presidente de la República, mediante el Decreto 1524, que estableció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ejercerá las funciones que señala el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y, luego mediante el Decreto 2253 delegó en la Comisión de Regulación de Energía y Gas las funciones presidenciales a las que se refiere el artículo 68, y las disposiciones SC concordantes de la Ley 142 de 1994. En el año 2011, con la expedición de Decreto 4130, elGobierno Nacional le reasignó a la CREG algunas funciones relacionadas con la “regulación” de las actividades de la cadena de combustibles líquidos derivados. Para el cumplimiento de estas funciones, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 1260 de 2013, modificó la estructura de la entidad e incorporó a la misma las funciones relacionadas con los sectores de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos derivados.
Muchos Decretos, Leyes, modificaciones, y se supone que la CREG es una entidad eminentemente técnica y su objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de personas, “al menor costo posible”.
Esto último produce hilaridad porque su visión, misión u objetivos solo están reflejados en elpapel y en los altos costos que significa sostener la burocracia correspondiente, pero de ahí, a que la CREG sirva de algo, es solo un sofisma de distracción.
Ya analicé lo de Ley; ahora permítanme analizar algo más doloroso: Se supone que el pueblo vota y elige a sus mandatarios, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, etc. con el ánimo de que nos gobiernen y nosprotejan. Y claro; ellos nos gobiernan, pero no nos protegen. Todos se arropan con la misma cobija, y en silencio se comen la “coima” respectiva porque de otra manera no habría tanto silencio cómplice.
La Publicidad engañosa
Hablando de cómplices, de manera directa e indirecta, la empresa cuenta con la llamada “Publicidad engañosa”, y para tal efecto recurre a Periodistas y dueños de medios manejados por Comunicadores sin ética, que por una “pinche” pauta entran a defender losintereses de la depredadora.
¿Y las soluciones?
Algo tenemos que hacer, pero esto no se soluciona con estúpidos cacerolazos ni con obsoletas marchas. Y a lo mejor me tildarán de revolucionario, de incitador, y obviamente es posible que sobrevengan las amenazas, pero algo que le he propuesto a los inconformes, a los atracados inmisericordemente con las facturas de servicios públicos, es: Primero.- Entrar en desobediencia civil y no pagar las facturas de servicios públicos, y Segundo.- Exigirle al Gobernador y a los 47 Alcaldes del Tolima, la instalación de paneles solares.
Para los que aún no lo saben la energía solar es la producida por la luz –energía fotovoltaica– o el calor del sol –termosolar– para la generación de electricidad o la producción.
Y esto no es un cuento; en gran medida, la Ley 1715 de 2014 fortaleció esfuerzos que se habían estancado en años anteriores para incentivar la apropiación de la energía fotovoltaica.
Siempre en mis Notas Editoriales he sostenido que el Tolima crece, pero no se desarrolla, pero ahora, con estos abusos de Celsia, lo mejor es buscar una solución efectiva y económica, porque Celsia cobra a dedo y aunque afirme lo contrario, atiende reclamos pero no soluciona nada.