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El Estado colombiano agoniza

Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*

Lo que acontece en la bota caucana es triste y caótico y no se ve que se pueda remediar a corto ni a mediano plazo. Sin que la solución sea la claudicación del Estado colombiano bajo el gobierno de Gustavo Petro. (EFE)

Es muy grave que el gobierno de Gustavo Petro presente a Colombia ante el mundo empoderando a los grupos al margen de la ley mediante impensables concesiones. Concesiones no propiamente de orden político sino criminal.

Esta clase de iniciativas, cada vez más, confirman que se está en la ejecución del ya famoso “pacto de La Picota”.

La vía del crimen no puede ser una opción, pero, al parecer, en Colombia el crimen sí paga. Y no es una ficción, así lo releva el nuevo proyecto de sometimiento a la justicia y que constituye el comienzo de la claudicación del Estado colombiano frente a la criminalidad. Se trata del proyecto 288 de 2023 que los ministerios de Justicia y del Interior radicaron ante el Congreso y que lleva por título: “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”.

No se sonroja el gobierno al impulsar semejante y perversa iniciativa, la que más bien, a la inversa, pretende establecer el sometimiento del Estado a las bandas criminales.

La búsqueda apresurada e improvisada de la mal llamada â€œpaz total”, está permitiendo que las mafias, entre otras, con su negocio de explotación de drogas psicotrópicas, gocen de total impunidad.

Y no paran los beneficios ahí. Se las alienta a impulsar una operación de lavar su dinero en cuantía de once mil quinientos millones de pesos. En el inciso dos del artículo 41 del proyecto se consagra esta absurda posibilidad así:

“En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6 %) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”.

Es muy grave que el gobierno de Gustavo Petro presente a Colombia ante el mundo empoderando a los grupos al margen de la ley mediante impensables concesiones. Concesiones no propiamente de orden político sino criminal. Esta clase de iniciativas, cada vez más, confirman que se está en la ejecución del ya famoso “pacto de La Picota”. Estas inventivas llevarán al país más pronto que tarde a la descertificación.

Tamaña generosidad ante el crimen organizado no tiene precedente y a esto se le suma que sin aspersión con glifosato ni erradicación manual, el cual ha sido demonizado, la producción de coca se dispara y será cada día mayor.

Uno de los muchos cuestionamientos que se le han hecho a este proyecto es que nuevamente se olvidan los derechos de las víctimas y no destina a ellas los recursos recuperados a la vez que dispone beneficios para los narcotraficantes. Bien extraña esta revictimización. Sin duda la protección a las víctimas es de vital importancia y ella sí garantía de paz.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, alertó y explicó que se introduce aquí la aplicación del principio de oportunidad en delitos tales como el concierto para delinquir agravado, lo que constituiría una especie de indulto. A su vez, la Procuradora General señaló que el proyecto no determina si los que han incumplido acuerdos con el Estado (“disidencias” de las farc) podrían acceder a beneficios de esta ley.

Proyecto que se ocupa in extenso de los beneficios que recibirán los integrantes de las bandas criminales, mientras apenas tangencialmente aboca los temas de reparación y verdad. Por otra parte refiere a imputaciones y sentencias colectivas, figura por completo ajena a nuestro derecho y para algunos autores contraria a la Constitución Política.

Finalmente, el proyecto no debe incluir formas de intervenir en los procesos judiciales como ha ocurrido, por ejemplo, con el asunto de los gestores de paz.

El cambio del gobierno de Gustavo Petro ya es más bien el engaño de lo prometido en campaña. Abrir procesos para dar cabida a la delincuencia sea subversiva o criminal es un retroceso que los colombianos en conjunto rechazan, sin que se requiera hacer un plebiscito para conocer su opinión. Los propios subversivos del eln no quieren saber nada de las bandas criminales y de los grupos que las aglutinan.

Un presidente y su equipo de gobierno que se preocupa más por el bienestar de los hampones que por el de las FFMM y de Policía, no sólo es objeto de rechazo por la comunidad, sino que provocó, como era lógico, una renuncia masiva de tenientes coroneles y policías. En menos de ocho meses de gobierno la desbandada es grande y con esa política continuará, sumiendo a la población en todo lo antagónico a la “paz total”.  Ellos, servidores públicos, que entregan los mejor de sí por salvaguardar a los colombianos, están decepcionados, con la moral en el piso y han optado por el camino del retiro. Grave, muy grave para el país que por falta de garantías y defensa nuestros militares y policías se retiren del servicio.

Las componendas y repartos burocráticos jamás podrán imponerse por encima de la Democracia colombiana que está en grave riesgo. Los partidos ante esa avalancha de propuestas, cada una con alcances peligrosos que se quieren completar con la entrega de facultades extraordinarias, deben estar a la altura del momento. Es la hora de pensar en la Nación. Un botín burocrático no debe estar por encima de la defensa de las instituciones.

La sociedad civil, a través de la academia, los centros de pensamiento, la empresa privada, los gremios, los movimientos religiosos, tiene un papel crucial en la defensa de la patria. Daremos lo mejor de nosotros, formaremos líderes que comprendan que nuestra tierra debe ser explotada con respeto al medio ambiente sin ser entregada a los bandidos. Las mafias, la producción de coca, son los mayores destructores del medio ambiente. La minería ilegal es otro factor de grave daño a nuestra tierra. Lo que acontece en la bota caucana es triste y caótico y no se ve que se pueda remediar a corto ni a mediano plazo. Sin que la solución sea la claudicación del Estado colombiano.

Pildorita: Tristeza, rabia y desconcierto provoca la absurda decisión de la JEP de excluir al General Jesús Armando Arias Cabrales “por no haber hecho aportes plenos y concretos a la verdad sobre la retoma del Palacio de Justicia”. El juez cuando actúa más por política que por cumplir con su deber de impartir justicia, se aleja del cauce institucional y atenta contra un valor fundante del Estado. Quienes escuchamos las declaraciones del General, opinamos que hizo valiosos y concretos aportes. Otra humillación a un general destacado.

Decimos con Bertolt Brecht: ¿Qué tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio?

* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.

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