Sólo hay un país donde un delincuente se puede convertir en el árbitro de la moral pública. Y eso sucede porque la prensa, que demuestra muy mala memoria y peor, cero imparcialidad, lo promueve. Ese país es Colombia.
En nuestro país, un matón que encabezó un grupo dedicado al asesinato, al secuestro, a la extorsión, y que hizo “trabajos” por órdenes del narcotráfico ─léase toma del Palacio de Justicia, para recordar sólo un ejemplo─ se ha convertido para muchos ingenuos en árbitro de la moral.
Se trata del ex congresista Gustavo Petro, quien fue dirigente del M-19, un grupo terrorista sanguinario y atroz.
En otro país él estaría en la cárcel o, en el mejor de los casos, relegado al anonimato. A pesar de que el M-19 cometió algunos de los más espantosos delitos, todos sus crímenes fueron indultados o amnistiados en aras de la paz, y además olvidados por la mayoría de los colombianos, incluidos, parece ser, todos los periodistas. No existía una ley de alternatividad penal como la que hoy se discute, que obliga a reparar y confesar.
Tenemos la obligación, con nosotros y con quienes van a heredar nuestro país, de recordar, aunque sea algunas de las atrocidades del M-19, comandado por Petro y sus secuaces.
Inicialmente los colombianos creyeron que era un grupo de ladrones idealistas, puesto que la primera acción del novel grupo armado fue el robo de la espada de Bolívar. (¡Que ya sabemos que está en Venezuela, precisamente!).
Pronto desenmascararon su verdadera naturaleza: secuestraron y asesinaron a José Raquel Mercado, presidente de la principal central sindical. Quienes hoy se presentan como defensores de los derechos humanos ejecutaron a sangre fría a una persona indefensa. Más tarde vendría la toma de la embajada de la República Dominicana, y luego, ya al final de su periplo asesino, la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. En este caso, para empezar, asesinaron a los celadores. El incendio de los expedientes y el asesinato de los magistrados de la sala penal tampoco fue una casualidad. Era un mandado para los narcos, que habían financiado a los terroristas para evitar la extradición.
Conviene recordar una actuación que es clara muestra de la crueldad extrema del grupo: el caso de Nicolás Escobar Soto. Este ejecutivo, presidente de la petrolera Texas, fue secuestrado e internado en una “cárcel del pueblo”. El M-19 excavó una cueva bajo el piso de una vivienda para mantener allí a sus víctimas. La cámara estaba a unos cuatro o cinco metros de profundidad y a ella se accedía por un agujero vertical. Cuando la fuerza pública intentó el rescate de Escobar Soto, el terrorista encargado de vigilarlo lo asesinó. El testimonio de quienes vieron el cadáver del industrial fue desgarrador. Encerrado en una húmeda cueva durante semanas, su cuerpo estaba cubierto de hongos; tenía el aspecto de una víctima de Auschwitz.
¿Cómo se atreve a hablar de derechos humanos un bandido que los ha violado todos?
Es obligación de los desmemoriados periodistas recordar la ausencia de formación moral, la falta de preparación profesional, los lazos que le atan y la sumisión a los tenebrosos propósitos que tiene Chávez para Colombia.
No tuvo el venezolano que hacer mucho esfuerzo para encontrar un adefesio como este. Evidentemente Colombia no se dejaría imponer una loba tan expuesta como Piedad Córdoba. Pero están vistiendo a este lobo con la piel de oveja del rescatista de los valores perdidos, abanderado de la justicia y de la dignidad.
Cuando hoy hablamos de perdón y reparación, este grupo asesino, que en sus comienzos confundió al pueblo colombiano presentándose como Robin Hoods modernos, no ha utilizado las herramientas que tenía obligación de utilizar desde las altísimas posiciones que ya le han otorgado sus electores para “reparar” ─¿cómo se reparan la tortura y la muerte de los seres queridos?─ ni mucho menos ha pedido perdón.
Es muy grave que haya gente en Colombia con una cierta cultura e inteligencia, que crea que este ex senador, con cuyas manos manchadas de sangre votaba nuestras leyes, pueda ser un digno aspirante a cualquier cargo público o a querer ser el representante de los colombianos.
Los Otti Patiño y los Rosemberg Pabón, incrustados en el Gobierno o ejerciendo de críticos del mismo, son hoy claros modelos de la tolerancia y democracia de un pueblo, que en mora está de exigirles rendición de cuentas.
No podemos convertirnos en idiotas útiles de estos delincuentes. No nos convirtamos en sus cómplices.
Oficina de Comunicaciones ACORE
comunicaciones@acore.org.co
acoreretirados@gmail.com
www.acore.org.co