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El paro de la mafia narcoterrorista

Escribe: Luis Guillermo Echeverri Vélez.-

No más noticias falsas, digamos la verdad. El paro no es por la Reforma Tributaria sino por intereses políticos de la izquierda.

Pedimos ayuda a todos los colombianos y a los amigos del país que viven en el exterior, a nuestros embajadores, cónsules y conciudadanos.

Por favor contactemos por redes, por medio de llamadas directas, e-mails o cartas a medios, periodistas, representantes políticos locales y a influenciadores digitales para que les expliquen lo que realmente está pasando en Colombia.

Hoy una sumatoria de violentos incitados por propaganda y dineros subversivos, sube a las redes información falsa contra la policía y el gobierno de Iván Duque; nos inundan de noticias falsas e historias a medias que luego activistas en redes, corresponsales y agencias de medios, HRW y hasta la ONU, se apresuraron a difundir, sin analizar la verdad de lo que acontece, generando oleadas de enunciados sobre percepciones falsas que a la vez desencadenan violencia y brutalidad digital y multiplicidad de ciberataques.

Las protestas en Colombia, son en su gran mayoría violentas y destructivas, y organizadas con el propósito de destruir valor y crear pánico y más inseguridad ciudadana. El comité del Paro, es una fachada para encubrir actividades destructivas, terroristas y subversivas contra la sana convivencia ciudadana y el estado de derecho.

Los disturbios son financiados por el narcoterrorismo y est√°n inspirados por el movimiento ‚ÄúColombia Humana‚ÄĚ liderado por Gustavo Petro, cuyo objetivo es la toma del poder por medio de actividad pol√≠tica fundamentada en la protesta ciudadana, y quien est√° acompa√Īado de otros l√≠deres que fueron guerrilleros y por narco-terroristas autores de cr√≠menes impunes de lesa humanidad, que fueron llevados al parlamento por el fallido proceso de paz de Juan Manuel Santos con las farc.

Est√°n adem√°s infiltradas en la organizaci√≥n de actividades terroristas, el G-2 cubano, pandillas conectadas con el r√©gimen comunista venezolano, y milicianos urbanos narco-terroristas de las farc y eln, liderados por los pr√≥fugos de la justicia colombiana que operan todo tipo de actividades criminales desde territorio venezolano y por las llamadas disidencias de las farc-ep, que se identifican como ‚ÄúMovimiento Bolivariano‚ÄĚ y que est√°n apoyados por el dictador venezolano Nicol√°s Maduro y el l√≠der Diosdado Cabello.

Los disturbios y actos de violencia destructiva urbana y sitio estrat√©gico para desabastecimiento e inmovilizaci√≥n de las grandes ciudades colombianas, hoy son apoyados por los alcaldes de Bogot√°, Medell√≠n, Cali, Cartagena, Santa Marta, Zipaquir√° y otras ciudades que se suman a una extrema izquierda vinculada a organizaciones crim√≠nales que operan y act√ļan como guerrilla urbana.

Entre las organizaciones dedicadas a pagar jóvenes para cometer actos vandálicos y linchar y matar policías se destacan el nuevo JM-19, el sanguinario eln y las farc-ep que resurge con fuerza y que, como se dijo antes, hoy cuenta con representantes miembros activos en el parlamento, utilizando lo que siempre han pregonado como: La combinación revolucionaria de todas las formas de lucha por el poder.

Las manifestaciones que se presumen pac√≠ficas s√≥lo cuentan con un peque√Īo grupo de marchantes que protestan por un sentimiento genuino de inconformidad. Los grupos guerrilleros organizadores respaldados por dineros il√≠citos amenazan l√≠deres sindicales y l√≠deres de gremios transportadores y de otras profesiones, oblig√°ndolos a participar o pronunciarse en favor de los paros.

La realidad es que, con dineros sucios de farc, eln y narcotráfico, pagan y movilizan comunidades indígenas, jóvenes pandilleros urbanos organizados en grupos de vándalos dedicados al micro-tráfico de estupefacientes, que con el fin de destruir la funcionalidad de las ciudades, atacan sistemáticamente objetivos estratégicos como el transporte masivo, los puntos de fácil suspensión del tráfico vehicular y la destrucción de centros de servicios comunitarios como bancos, supermercados, tiendas, centros comerciales y centros de salud.

Defendamos a Colombia y sus ciudadanos de bien, y apoyemos a un Presidente y un gobierno honorable, trabajador y bien intencionado, que se ha dedicado a construir con ejemplo de sensatez y mesura una cultura de la legalidad y a respaldar un empresariado que genera y mantiene empleos en medio de la gran crisis por la cual atraviesa en mundo debido al Covid-19.

Promover e incentivar marchas, actividades y congregaciones masivas pacíficas o violentas en medio de la emergencia pandémica por la que pasa el país no solo es un acto inhumano e irresponsable es doloso y delictivo.

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La verdadera estrategia de la mafia transnacional comunista/socialista en Colombia

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