Escribe: José Gregorio Martínez*.-
La Senadora colombiana, Paloma Valencia, dijo en entrevista con PanAm Post que no se puede renunciar a la utilización de la fuerza legítima del Estado para garantizar seguridad, justicia y los derechos de los ciudadanos, a propósito de las protestas que se han tornado violentas.
Las protestas en Colombia continúan aunque el motivo es cada vez menos claro. El paro que comenzó el 28 de abril como un reclamo válido ante el aumento de impuestos previsto en la reforma tributaria del Gobierno, perdió sentido desde que el Presidente Iván Duque retiró el proyecto y el Ministro de Hacienda renunció.
Las manifestaciones que en muchos casos se han tornado violentas han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, así como bloqueos que han afectado el abastecimiento y los servicios públicos.
El diálogo parece ser la salida. Sin embargo, tras la fallida reunión del pasado lunes surgen rechazos a lo que para muchos se presenta como una extorsión. Este domingo se reanudan las reuniones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro en busca de una negociación en medio de un gran escepticismo entre las partes.
El escenario es complejo. Los promotores de las protestas condicionan la culminación del paro a una larga lista de exigencias que forman parte de la agenda del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo pide que se ponga fin a los bloqueos que han derivado en violencia y han cercenado otros derechos a los colombianos.
¿Estado fuerte o violencia?
La disposición del Presidente Iván Duque a dialogar se enmarca dentro de los principios de la Democracia, pero existe el temor de que se interprete desde la otra acera como un acto de debilidad, como ya le ocurrió en Chile al Presidente Sebastián Piñera, tras ceder a gran parte de las exigencia de la izquierda que promovió violentas jornadas de protestas contra su Gobierno en 2019.
Pero no se puede confundir la Democracia con las vías de hecho. Esta afirmación corresponde a la Senadora por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien alertó en entrevista concedida a PanAm Post sobre los riesgos de darle poder en mesas de negociación a los promotores del paro que buscan sustituir la agenda del Gobierno por la vía del chantaje y, bajo estas condiciones, considera un error sentarse a negociar.
“Creo que lo primero para poder dialogar, para poder conversar, es que los ciudadanos estén respetando la ley. Creo que es muy grave el precedente para Colombia que a través de vías de hecho, de violencia, entonces uno logre negociar. No hay nada que negociar. Esto es una democracia, y yo creo que en las democracias se dialoga, se conversa, se incluye, pero uno no puede a través de la extorsión dominar la política pública. Entre otras cosas porque, o tenemos un Estado fuerte capaz de hacer cumplir la ley o lo que tenemos es el caos y la violencia. ¿Estado fuerte o violencia? Y yo creo que en esas opciones uno siempre debe escoger el Estado fuerte”.
En sus palabras se interpreta un mensaje tanto para el Presidente Duque como para los promotores del paro.
La siguiente cita va sin duda dirigida al Gobierno: “Yo creo que uno no puede caer en la tentación de simplemente entregarles el futuro a los comités de paro porque es una mala elección para los países decidir que a través de la violencia y las vías de hecho uno consigue más que a través de las manifestaciones democráticas que suponen las elecciones”.
Para el Comité Nacional del Paro el mensaje es claro y directo: “Uno no puede reemplazar los gobiernos legítimamente elegidos por los comités de paro, porque si ellos quieren gobernar un país lo que deben hacer es lanzar sus candidaturas y ganar con las mayorías electorales y salir elegidos como representantes de los colombianos”.
Usar la fuerza legítima del Estado
Si bien el Presidente está en su deber de entrar en conversaciones y buscar que la sociedad colombiana se sienta, en la medida de lo posible, representada y absolutamente escuchada, la legisladora advierte que no se puede pretender cambiar el rumbo de un gobierno a través de un paro. “Yo creo que esa estrategia tiene que quedar cancelada porque es una amenaza para la democracia. Pero además yo diría que el problema es que no podemos renunciar a la utilización de la fuerza legítima del Estado. El Estado existe para garantizar la seguridad, para impartir justicia y para garantizar los derechos de los demás ciudadanos”.
Esta aseveración que puede resultar polémica viene dada por el hecho de que el número de policías heridos en las protestas es mayor al número de civiles.
Paloma Valencia rechaza la tesis de que los efectivos de la fuerza pública hayan abierto fuego contra los manifestantes. En los casos aislados de abuso policial –que no los descarta– recomienda que se lleven a cabo las averiguaciones que correspondan respetando el debido proceso.
“Las cifras hablan solas. Cuando hay más policías heridos que civiles heridos no se podría estar hablando de un gran abuso policial porque evidentemente si la policía estuviera usando las armas no habría generado tres o cuatro muertos o diez. Si fuera cierta la versión que ha circulado en algunos medios de comunicación, según la cual la policía abrió fuego contra las manifestaciones… si usted dispara a una manifestación con miles de personas no va a haber tres o cinco o diez muertos, va a tener miles de muertos, cientos por lo menos. Entonces eso es absolutamente falso”.
Agrega que hay varias investigaciones en marcha por presunto abuso policial y afirma que se esclarecerán respetando los derechos humanos de los policías, porque “tampoco está bien que se venga a decir que son culpables cuando no ha habido ni siquiera una fórmula de juicio que respete tanto la presunción de inocencia como el debido proceso”.
En cuanto a la cifra de muertos, que muchos medios de comunicación la ubican en 42, la Senadora precisa que son 24 fallecidos, de los cuales 14 tienen relación directa con las manifestaciones y no todos los casos están vinculados a las fuerzas del orden, mientras que 10 están en proceso de investigación para determinar si tienen vínculos o no con las protestas.
Otro aspecto que cuestiona tiene que ver con el motivo del paro. Sostiene que la reforma tributaria fue una excusa que la izquierda “se encontró en el camino” para retomar una jornada de protestas que ya se había iniciado desde noviembre de 2019 por razones variadas. En ese momento la bandera de los manifestantes era el presupuesto universitario.
¿Hay razones para protestar?
Por supuesto. Paloma Valencia reconoce que el país enfrenta una difícil situación que, en cifras, se traduce en un 42% de pobreza impulsada por las consecuencias de la pandemia, así como 64% de deuda frente al producto interno bruto (PIB). Pero recuerda que sectores políticos con intereses particulares han sacado provecho del descontento popular, y entre estos estarían incluso grupos ilegales dedicados al narcotráfico que mediante la desestabilización buscarían acorralar al Gobierno para que desista de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos. En efecto, este punto aparece entre las siete exigencias que hacen los promotores del paro al Ejecutivo.
“Lo que hay de fondo es una estrategia de la izquierda que anunció desde el primer momento en que ganó el Presidente Duque que ocuparían las calles y que harían manifestaciones públicas”. Sin embargo, añade que estos paros no benefician políticamente a los líderes de izquierda que los auspician y tampoco afectan al Gobierno, sino que perjudican a todos los colombianos.
Propuestas para enfrentar la crisis
No es con bloqueos ni vandalismo que se consiguen soluciones. Desde el partido del Gobierno se plantea una lista de propuestas para buscar equiparar el bajo nivel de recaudación que se prevé en 15% del PIB con los gastos presupuestados que rondan el 24% del PIB:
Reducción de la nómina estatal entre 15% y 20%
Reducción del Congreso a la mitad
Fusión de entidades públicas
Vender activos fijos de la nación
Mantener a las empresas los impuestos que se había previsto que bajaran
Impuesto de 20% a los altos salarios del sector público
Impuestos a los altos ingresos públicos y privados
Para que el Estado colombiano pueda mantener programas sociales como el Ingreso Solidarios y pueda financiar la gratuidad de la educación universitaria para los estratos 1, 2 y 3, como anunció el Presidente Duque –lo cual formaba parte del proyecto de reforma retirado– inevitablemente vendrá otra reforma. Ya el mandatario colombiano pidió al Congreso trabajar en una nueva iniciativa que sea producto de los consensos.
“Un tercio del presupuesto general de la nación se va en el servicio de la deuda, un tercio se nos va en las pensiones del magisterio y de la fuerza pública y las pensiones en general que tiene a cargo el Estado (pero la fuerza pública y el magisterio son los dos rubros más importantes) y solamente un tercio del presupuesto general se va en la nómina y en los gastos de inversión. Entonces vamos a tener que ajustar los gastos de nómina para poder aumentar un poquito la inversión”.
Aunque la propuesta de reducir el Congreso a la mitad ha acaparado titulares de prensa, la Senadora estima que esta medida le ahorraría al Estado unos 200 mil millones de pesos, lo cual sería una cifra muy baja, pero simbólicamente importante para que el ciudadano note los esfuerzos que se hacen desde la nómina estatal.
Una decisión absolutamente tardía
Para terminar no podía pasar por alto la decisión de la Corte Suprema de aprobar la extradición a Estados Unidos del líder de las farc, Jesús Santrich, dos años después de que la justicia colombiana lo dejara en libertad y huyera presuntamente a Venezuela, según ha asegurado la revista Semana.
“Es una decisión absolutamente tardía”, sostiene Paloma Valencia, recordando que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia decidieron no solamente no extraditarlo sino liberarlo cuando estaba en manos de las autoridades. “Yo creo que esto nos llega tarde y ojalá en sus conciencias remuerda el haberlo liberado y haber permitido que un jefe para un grupo criminal de la envergadura y el tamaño que tiene la nueva Marquetalia o las nuevas farc”.
* José Gregorio Martínez, Periodista venezolano dedicado a las fuentes de Política y Economía con experiencia previa en medios como NTN24, El Mundo Economía & Negocios, Diario La Verdad, Globovision.
Autor de los libros “Hazte el muerto y verás quien te llora” y
“Aquí estamos y aquí seguimos.”.
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