La Unión Europea en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública busca optimizar trámites, promover la participación y el control social, así como fortalecer la integridad pública en el país.
Los tres proyectos que se están ejecutando con el apoyo del organismo europeo están dirigidos, en primer lugar, a la construcción de una metodología que permita la optimización y estandarización de trámites adelantados por las entidades cabeza de sector
En segundo lugar, al desarrollo de ejercicios de participación ciudadana para identificar posibilidades de mejora, brechas y riesgos de corrupción en el proceso de elaboración de trámites. Las metodologías de trabajo resultantes de estos dos proyectos serán aplicadas inmediatamente en siete tramites del sector medioambiente.
Finalmente, el tercero es el del diseño de la estructura y el modelo de operación del Sistema Nacional de Integridad, dando cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 por la cual se adopta el código de integridad.
“Este acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Colombia refuerza la política de racionalización de trámites y de integridad del Gobierno del Presidente Iván Duque, que quedaron priorizadas en su Plan Nacional de Desarrollo en el componente Pacto de cero tolerancia a la corrupción y a la falta de transparencia cuyo fin es en últimas un relacionamiento colaborativo con el ciudadano”, señaló el Director de Función Pública Fernando Grillo.
Entre tanto, la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart manifestó que “se trata de dar solución a los problemas reales. Con estas acciones aportamos a la mejora de la productividad empresarial, fortalecemos la confianza del ciudadano en el Estado al tiempo que apoyamos la creación de instrumentos eficaces en materia de transparencia y en sintonía con las recomendaciones de la OCDE en materia de lucha contra la corrupción”.
Al finalizar la ejecución de los proyectos de cooperación, el país contará con el sistema de integridad y metodologías para estandarizar, simplificar y vincular a los ciudadanos en la optimización de trámites, reduciendo costos de transacción y favoreciendo el ambiente de negocios, así como reduciendo riesgos de corrupción.
Así mismo, se entregará una propuesta de estandarización de trámites y formularios ambientales de alto impacto, priorizados en el marco del Decreto Ley anti trámites 2106 de 2019, en el Pacto por el crecimiento para la generación de empleo del sector de industrias de la construcción, entre otros instrumentos.
Cifras oficiales de Colombia indican que 1.684 trámites de 20 sectores del Estado han sido racionalizados entre agosto de 2018 y agosto de 2020, lo que ha permitido reducir riesgos de corrupción y ha generado ahorros para los ciudadanos por más de $207 mil millones de pesos.
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