Escribe: Edgardo Ramírez Polanía.-
Los negocios de los servidores y funcionarios públicos como consecuencia de la función legislativa y administrativa, han sido criticados, investigados y sancionados pero se resisten a desaparecer. Es decir, no pasa nada.
Pareciera que un hado maléfico rodeara algunas de esas decisiones de los cuerpos colegiados que les corresponde decidir sobre el bienestar de las comunidades.
La semana anterior en El Expediente, se puso en conocimiento de la opinión pública, el trámite de la Ley aprobada en la Comisión primera del Senado que regula y controla el uso de la marihuana para uso de adultos, y cómo el señor Juan Manuel Galán, como Senador de la República, impulsó en esa Corporación desde el 2 de septiembre de 2014, el proyecto de Ley, del uso de la marihuana para limitar la producción importación, distribución, uso y posesión de estupefacientes para fines médicos y científicos hasta que se logró su aprobación.
Detrás de este impulso legislativo se mueven multimillonarios negocios. La producción mundial de marihuana se encuentra aproximadamente en $600 billones, cerca al 60% del PIB colombiano y la industria farmacéutica tiene utilidades cerca a los $2 billones.
El ex senador Juan Manuel Galán, fue nombrado miembro de la junta directiva de la empresa internacional Flora Growth con sedes en Canadá y Colombia, sin que durante el trámite de la ley del uso de la marihuana medicinal, se hubiera declarado impedido por el conflicto de intereses que venía ocurriendo como ponente que fuera del proyecto de Ley.
Las normas que regulan el conflicto de intereses, indican que procede la pérdida de investidura, la cual se puede realizar en cualquier momento, independientemente de la fecha de ocurrencia de los hechos que la motivan, tal como lo ha concluido en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado, en razón del carácter público y popular de la acción, aún, si el implicado ya ha terminado su período o se ha separado del cargo o si han pasado varios años entre el hecho y la sanción.
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