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Juicio político a Petro para salvar a Colombia (2ª. Parte)

Escribe: Luis Hernando Granada C.*

El juicio político a Petro es una imperiosa necesidad y con base en lo anterior, la semana pasada iniciaba el esbozo de los desmanes, agresiones y de las “armas” legales que tenemos los colombianos para salvar el país, porque un psicópata no puede destruir lo que tanto nos ha costado construir.

El camino hacia el juicio político

Muchos colombianos conocemos la vida política y el prontuario del delincuente que hoy es “presidente” y por eso, apoyados por millones de colombianos, se gestan las estrategias para llevar a cabo el juicio político contra Gustavo Petro y por razones muy conocidas pero a la vez, inaceptables.

En este sentido, Carlos Alonso Lucio, un político de vieja data, le concedió a Julián Parra, el Director de “Nocturna RCN”, –espacio que se transmite todos los días desde las 9:30 p.m. y hasta las 3:00 a. m. del día siguiente–, una entrevista en la cual quedaron sentadas las bases para llevar a cabo dicho juicio político. Sus primeras palabras fueron: “Se promueve juicio político al presidente porque hay que actuar ya, pues nos enfrentamos a la destrucción de Colombia”.

La propuesta del Doctor Carlos Alonso Lucio, Ex Senador de la República y líder en muchas facetas de la vida pública de nuestro país, fue muy clara y precisa frente a la pregunta de Julián Parra sobre el porqué de pensar en dicho juicio: “Bueno, esto tiene varios argumentos. Primero, porque hay causa jurídica y concreta porque Gustavo Petro ha violado la Constitución y las Leyes; éste es el primer elemento”.

¿Qué valor tiene y hasta dónde se respeta el juramento que hacen los elegidos a un cargo público, en éste caso el presidente? Parece que este juramente es solo un sofisma de distracción, una parte del protocolo correspondiente, pero por lo general, eso de “defender a capa y espada la Constitución”, es algo que Petro ha pisoteado. Y cuando el gobernante viola la Constitución y las Leyes debe ser juzgado.

En éste sentido, Carlos Alonso Lucio manifestó que “en la época de las monarquías y obviamente de los despotismos en general, existía una figura que se llama la de la inmunidad del gobernante, es decir, el déspota, no podía ser juzgado; esa era una de sus condiciones, de su naturaleza, en el despotismo, el déspota está por encima de la Constitución y de las Leyes, es inmune y no es responsable ante la Constitución ni ante la Ley. Todo lo contrario de lo que ocurrió cuando llegó a la civilización humana la Democrática y es que en la Democracia, el gobernante no es inmune; todo lo contrario, es responsable de violar, cuando viola, la Constitución o la Ley por acción o por omisión como clarísimamente se establece en el Artículo 192 de la Constitución Nacional”.

Y de acuerdo a las palabras de Carlos Alonso Lucio, Petro ha violado la Constitución y la Ley. Y todo está claro como la luz del día o como lo consigné en mi libro “La gran farsa de la izquierda”: Desde el mismo inicio de la campaña presidencial, hay una serie de causales que son hechos ya de conocimiento público. Por ejemplo, la violación de los topes y las pruebas que ha mostrado en su denuncia el abogado José Manuel Abuchaybe, y ha habido otra serie de hechos nuevos igualmente de conocimiento público como por ejemplo la donación a la campaña electoral de 500 millones de pesos que le dio la Federación Comunista Depredadora (Fecode) y que nunca fueron registrados en las contabilidad de la campaña, lo que además configura otro delito, no solamente el de la superación de los topes sino el del ocultamiento de un aportante.

Hay por todos lados irregularidades, mentiras, chanchullos y entuertos. Cada día, aparecen en los medios –no enmermelados–, nuevas informaciones sumamente graves que ilegitiman y demuestran ilegalidades y delitos en la campaña presidencial como por ejemplo los acuerdos que tuvieron consecuencias electorales en las zonas de control territorial de las organizaciones criminales con quienes el Pacto Histórico –ahora conocido como pacto diabólico–, y la campaña presidencial de Gustavo Petro hicieron los acuerdos lo que se llamó en los medios de comunicación los acuerdos de La Picota en la campaña presidencial. Estos “acuerdos” van enfocados a construir los “colectivos petristas”, –tal como hizo en Venezuela en su momento, Hugo Chávez y que ahora le sirven al tirano comunista Nicolás Maduro–.

Pero igualmente, como “armas legales”, los colombianos tenemos la Ley a nuestro favor, porque hay una serie de hechos violatorios de la Constitución y la Ley en el proceso electoral y, obviamente los hechos posteriores a la posesión presidencial, como por ejemplo, el tema que denunciaron sobre el secuestro de los 78 policías de la unidad antidisturbios en los Pozos Caquetá que fueron asaltados, rendidos,  torturados por las milicias de las farc, que incluyó a un joven policía degollado, un subintendente de la policía, el subintendente Monroy. Estos oficiales y siete civiles que fueron secuestrados, trabajaban en las instalaciones de una compañía petrolera que adelantaba un contrato de explotación petrolera legítimo con el Estado colombiano, unas instalaciones que además fueron destruidas y una empresa que fue desplazada del territorio con la aceptación del “gobierno” actual. En estos hecho, Petro  asumió el “mando” directo como él mismo lo reconoció, y a cambio de cumplir con la obligación de velar por la vida, honra y bienes y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de ese territorio, no permitió que las Fuerzas Armadas acudieran en defensa de esa unidad de la Policía que estaba siendo diezmada, rendida y torturada. Por el contrario, el “gobierno” nacional decidió paralizar la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas. Eso fue un crimen de lesa humanidad en el territorio, como producto del incremento de las milicias como consecuencia de la paralización y destrucción de las Fuerzas Armadas, que además fueron desplazadas de los territorios para que no pudieran ejercer allá el control territorial, permitiendo que todo tipo de organizaciones criminales, a través además, de unos ceses del fuego “bilaterales” que no han servido sino para atarles las manos a las Fuerzas Armadas.

Por eso las organizaciones criminales siguen como Pedro por su casa en esos territorios, desarrollan el control territorial, extorsionando a la gente, fortaleciendo sus milicias, desplazando a la gente y desarrollando todo tipo de crímenes y delitos que es lo que ha venido ocurriendo durante el “gobierno” de Gustavo Petro.

Prueba de lo anterior, son las cifras desgarradoras del incremento de crímenes de lesa humanidad, dentro del marco del sofisma de la “paz total”: Hurto de vehículos: 41.603; hurtos a personas: 308.426; trata de personas: 698; homicidios: 11.031; secuestros: 286; extorsiones: 8.553. Estas cifras las tomé de El Tiempo, edición del 17 de diciembre del 2023. Nunca antes el país se había visto acosado y acorralado por la delincuencia.

Todas estas violaciones, sin tener en cuenta la migración de colombianos y el cierre de muchas empresas que han decidido huir del régimen petrista, son las consecuencias de los gobiernos dictatoriales. Y todos estos factores también se suman a la necesidad de un juicio político, porque cuando un “gobierno” es malo, de alguna forma hay que salir de él.

Pero es el pueblo el que debe pronunciarse; es el pueblo el que debe exigir; es el pueblo, como máxima autoridad del país, el que debe mover sus fichas.

Se podría pensar en un juicio jurídico, un juicio penal o un juicio administrativo, pero ante cualquiera de las anteriores alternativas, el pueblo tendría como principal enemigo al mismo actual Congreso de la República, un verdadero circo conformado por una recua de rufianes sedientos de mermelada, y no podemos olvidarnos que Petro compra conciencias, “podríticos”, jueces, magistrados, indígenas, vagos, vándalos y todo tipo de criminales para sostenerse en el poder.

Lamentablemente los niveles de corrupción y de degradación que hay en el Congreso de la República son muy altos. Ya vimos algo tan vergonzoso y denigrante, cómo la Cámara de Representantes torturó y asesinó la salud en Colombia. También vimos y escuchamos cómo el director del Departamento Administrativo Nacional de Embustes –DANE–, anunciaba que la inflación había bajado a menos de un dígito, pero al poco tiempo, las empresas de servicios públicos en las principales ciudades del país, anunciaban un incremento del 15%en las tarifes, es decir más de un 60% tendrán que pagar los colombianos si desean tener agua, gas, energía y telefonía. Simultáneamente, ante la incapacidad de las centrales obreras, el gobierno decretaba un reajuste en el salario mínimo del 12%. De qué sirve un reajuste del 12% si la carestía sigue en auge. Al “gobierno” le han faltado pantalones para frenar la carestía; le ha faltado iniciativa para reformar los TLC no permitiendo la importación de lo que producimos en Colombia.

En pocas palabras, el “gobierno” de Petro ha sido letal para Colombia. Todo va en aumento: las masacres, los secuestros, el vandalismo, la inseguridad, el aumento de las guerrillas y el narcotráfico, los impuestos y todo lo que es nocivo para Colombia. ¿Entonces… por qué esperar?

Espere: ¿Qué es un juicio político?

* Luis Hernando Granada C., Periodista y Publicista con más de 50 años de experiencia, Exsubdirector de la Revista El Congreso y colaborador de varios medios impresos y digitales. Autor de la Novela “El Imperio del terror” y de los libros “¿Y cómo es la vuelta?” y “La gran farsa de la izquierda”. Director de los sitios www.visiondeltolima.com y www.literaturaenlinea.com y Gestor Cultural del Tolima.

E-mail: visiontolima@hotmmail.com

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