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Juicio político a Petro para salvar a Colombia (3ª. Parte)

Escribe: Luis Hernando Granada C.*

Cada vez más se hace imprescindible llevar a cabo el juicio político a Gustavo Petro, no solo por todos ps atropellos, desmanes e injusticias que le ha impuesto al país en su actuar dictatorial y humillante, sino porque la patria necesita recuperar su libertad, su independencia, su autonomía.

Para considerar la necesidad del juicio político a Petro, debemos evaluemos que un juicio político

es lo que determina la Constitución, o  sea, que eso es lo que se debe hacer cuando el gobernante, -en este caso el presidente- viola la Constitución y las Leyes y Gustavo Petro ha violado no solo la Constitución y la Ley sino todos los derechos humanos.

Según Carlos Alonso Lucio, en la entrevista concedida a Julián Parra en el programa radial Nocturna RCN, “el juicio político es una institución constitucional, es el camino, es, en síntesis, lo que determina la Constitución para cuando un presidente viola la Constitución y la Ley”.

Obviamente hay que entender que aunque sea un ciudadano común y corriente, no es lo mismo juzgar a un ciudadano que juzgar a un gobernante, porque la Constituyente del 91 -amañada y favorable para la izquierda-, determinó un fuero especial que lo blinda y lo protege, sin tener en cuenta que el presidente y muchos gobernantes, no son reyezuelos sino empleados del pueblo y para ese pueblo deben gobernar, administrar y ejercer un poder y un mandato, pero de beneficio social.

Por eso, el juez del Presidente de la República no puede ser un juez ordinario, sino el Congreso de la República, que en este caso se convierte en un Juez especial, pero como ya lo cité en las notas 1 y 2 de esta serie, y lo consigné en mi libro “La gran farsa de la izquierda”, lamentablemente nuestro “honorabilísimo” Congreso de la República ha sido comprado por la mafia transnacional comunista/socialista, en cabeza, en este caso, del presidente citado.

Contrario a lo que muchos piensan y a lo que muchos leguleyos -especialmente de izquierda-, nos quieran hacer creer, el Juicio Político sí es posible; es más, forma parte de nuestra legislación.

Para aplicarlo, es necesario tener en cuenta que el “presidente” es responsable de las violaciones a la Constitución y las Leyes, por acción o por omisión, y la Constitución establece con claridad que no existe la figura de la inmunidad del gobernante. En segundo lugar,  establece que, en la Cámara de Representantes se investiga y acusa al “presidente” y esto está a cargo de la Comisión de Acusaciones y la Plenaria de la Cámara, y posteriormente debe pasar al Senado que es el que finalmente toma la decisión de retirar del cargo al “presidente” de la República y posteriormente, debe pasa el expediente de lo penal a la Corte Suprema de Justicia para que avance en el juicio penal del “presidente”, pero estando ya el “presidente” por fuera del cargo, es decir, no siendo ya el primer mandatario de la República. Eso es lo que determina la Constitución.

Pero además, valdría la pena mirar y analizar la Ley Quinta de 1992 que tiene por objeto subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones. Tengamos en cuenta además, lo que dice la Ley 

600 del año 2000 

que sigue vigente para los altos funcionarios y que es un Código de Procedimiento Penal.

¿Qué es el juicio político?… Esta fue la pregunta clave que Julián Parra, Director del programa radial Nocturna RCN le formuló a Carlos Alonso Lucio, a lo cual contestó: “Históricamente hablando, es el momento en que la sociedad decide juzgar al gobernante, en este caso al presidente de la República. Juicios políticos se han vivido en la historia; en 1992 por ejemplo, en Brasil, se juzgó al Presidente Color de Melo; en Venezuela a Carlos Andrés Pérez, en Estados Unidos a Richard Nixon, y hace poco, se le adelantó juicio al expresidente Castillo del Perú;  en fin, aquí en Colombia, se adelantó igualmente el proceso contra Rojas Pinilla”. 

Y realmente, contra Gustavo Petro como “presidente”, hay muchos hechos, sucesos, atropellos, verdaderas abominaciones y violaciones que ameritan, sin pérdida de tiempo, ese juicio político, antes de que sea demasiado tarde.

Muchos podrían pensar que no es así; que algunos Periodistas exageramos cuando hacemos el análisis y divulgamos lo que la gran prensa quiere ocultar, pero cuando la sociedad decide juzgar al gobernante es porque ya no aguanta más. 

Según Carlos Alonso Lucio, ya se están iniciando algunas acciones para explicarle a la ciudadanía en qué consiste el juicio político, cuáles son las pruebas, los delitos, las acusaciones, etc. Es importante, sostiene Carlos Alonso Lucio que “el juicio político es definitivo porque parte de la naturaleza del juicio político es escuchar lo que ocurre y dice la sociedad desde distintos y variados escenarios: la calle, los estadios de fútbol y otros sitios donde el pueblo, agobiado por los desmanes del dictador, grita por doquier: Fuera Petro”.

En este sentido, ya se han presentado varias tutelas ante los jueces de la República, esperando y confiando que la justicia le exija al Congreso de la República que cumpla con su deber Constitucional del Juicio especial al “presidente”. Se sigue igualmente recolectando pruebas, videos y todo lo que constituya un acerbo probatorio, contando con que los medios de comunicación intervengan y abran una tribuna para dar a conocer sin tapujos, sin información sesgada y amañada por la pauta publicitaria, que genera el gobierno, para que el pueblo pueda conocer la verdad.

Los promotores del juicio político esperan que la campaña en los estadios, en las fiestas, en las reuniones populares, se intensifiquen, contando además con que el Congreso no siga actuando de acuerdo a sus intereses mezquinos, sino que trabajen a favor del pueblo para lo cual fueron elegidos.

La viabilidad del Juicio Político a Petro

La viabilidad es grande; los argumentos, las pruebas, los videos, los desmanes, abusos y violaciones están a la vista. El pueblo quiere, las reformas han sido criminales,

la clase política lo ve viable, aceptable, útil y necesario, pero a la clase “podrítica”, es decir, los corruptos de la izquierda, por estar enmermelados, no lo van a aceptar, y lamentablemente en la Comisión de Acusaciones hay muchos miembros de la izquierda,

incluyendo algunos arrodillados al régimen, podrían ponerse de acuerdo y quedarse callados. Hay que reconocer que la Comisión de Acusaciones se ha convertido en una especie de triángulo de las bermudas de los procesos de justicia frente a los altos funcionarios y a los presidentes. Ahora, según Carlos Alonso “lo que se viene es un pulso entre otras cosas porque eso de las funciones judiciales del Congreso no es un tema opcional, optativo, del gusto, es una función establecida por la Constitución y son tan grandes los hechos de  violaciones a la Constitución y a las Leyes que ha cometido Gustavo Petro, que el Congreso de la República no puede seguir omitiendo y denegando la justicia que es un derecho de los colombianos; yo comienzo por reivindicar y advertir que el Juicio Político como figura Constitucional es un derecho de los colombianos para juzgar al presidente cuando éste delinque y ese es un derecho que garantiza la salida pacífica a las crisis políticas…”

Considerando tantas aberraciones y desmanes, los colombianos no nos podemos dejar burlar de la clase política por más tentaciones de mermeladas, corrupciones y ofertas de puestos y contratos. Por eso se está trabajando en las regiones, articulando distintos sectores sociales para que a través de la movilización y de las acciones ciudadanas como la Tutela, el Derecho de Petición y la protesta ciudadana, sean formas de expresión para  obligar a la clase política y a los partidos políticos, a cumplir con el deber de impartir justicia cuando el gobernante delinque para no permitir que se burle el derecho a la justicia que tenemos los colombianos, el derecho al debido proceso que tenemos para defender nuestra Democracia. Los Congresistas no pueden seguir creyendo que esas curules son propiedad privada de ellos y que Colombia no es la finca que Petro quiere convertir en su propiedad privada para entregársela a la mafia transnacional comunista/socialista.

Debemos empezar a recordarle a los Congresistas, que no podemos perder el país; no podemos dejar que se sigan creciendo las milicias y que Petro  siga conformando sus colectivos petristas; no podemos permitir   que se desintegren los territorios y que estos sigan pasando a ser propiedad de los narco terroristas; no podemos aceptar que Petro siga acabando con las Fuerzas Armadas y que la escalada de impuestos y reformas absurdas, sigan destruyendo a Colombia.

¿Hay más argumentos que justifiquen el Juicio Político contra Pateo? Obviamente que sí; demasiados diría yo y muchos de ellos los he citado en mi libro “La gran farsa de la izquierda”, pero igual, de ellos hablaré en la próxima entrega, la cuarta parte de esta serie.

* Luis Hernando Granada C., Periodista y Publicista con más de 50 años de experiencia, Exsubdirector de la Revista El Congreso y colaborador de varios medios impresos y digitales. Autor de la Novela “El Imperio del terror” y de los libros “¿Y cómo es la vuelta?” y “La gran farsa de la izquierda”. Director de los sitios www.visiondeltolima.com y www.literaturaenlinea.com y Gestor Cultural del Tolima.

E-mail: visiontolima@hotmmail.com

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