Escribe: Bernardo Heno Jaramillo*.-
Es evidente que el orden público compete al primer mandatario si la situación empeora tiene en la conmoción interior la herramienta efectiva para hacerle frente a la crisis que se avecina.
La total irresponsabilidad de los organizadores y promotores de la narco minga que estuvo en Bogotá, es por completo una seria amenaza a la capital y a la propia seguridad nacional.
El gobierno en un gesto inmenso desplazó gran parte de su equipo gubernamental a la ciudad de Cali para dialogar con los organizadores de esa temeraria marcha, pero sólo recibieron un portazo sin concretar ningún resultado.
Su empeño era según expresaron tener un diálogo con el Presidente de la República que para un observador desprevenido era tan sólo un nimio pretexto, pues los reales propósitos los mantienen ocultos. Es dable pensar mínimo que pretendían hacerle un juicio al mandatario de los colombianos.
El Senador ideológicamente cercano a las farc Feliciano Valencia, que se distingue e identifica ahora como el principal gestor e impulsor de esta movilización riesgosa, no le importa en nada la anticipada tragedia que ya se insinúa puede ocurrir no sólo por efectos del Covid-19 sino por la infiltración ya denunciada por el señor General Oscar Atehortúa, Director General de la Policía Nacional quien recientemente dio cuenta de la infiltración de las disidencias de las farc y del eln en esa movilización.
Esta última organización subversiva dejó saber en un video enviado por alias “Uriel” cabecilla del Frente occidental “Omar Gómez”, en la que aparecen tres mujeres indígenas armadas, registrando el apoyo a la minga y a la resistencia.
Queda claro entonces que la actitud desafiante del Senador indígena, esconde un propósito e interés oculto, como es también, que se cause probable desgracia.
José Antonio Vitonas Tayacué, líder indígena, en recientes entrevistas al programa radial la Hora de la Verdad y en Nocturna RCN, dejo saber quiénes son los que realmente se desplazan hacia la capital. Informó quienes les financian la movilización y enteró lo que les ocurre a los que no participen. Finalmente, manifestó que las farc son las mayores beneficiarias de esa farsa de movilización y de las oscuras intenciones que tenía esa minga.
El cuestionado escritor Carlos Medina Gallego en el libro Ejército de Liberación Nacional (eln), historia de las ideas políticas (1958-2018), deja conocer al referirse a las formulaciones tácticas, que el V Congreso del eln se fija como propósito en la siguiente década (2015-2025), lograr un liderazgo nacional, alrededor de la propuesta de nueva nación.
Para lo cual, fijan como objetivo “construir un consenso de nación dinamizando y cohesionando el movimiento político y social, junto a la insurgencia popular, adelantando un diálogo nacional y un accionar integral, legitimados para generar crisis de gobernabilidad, hacia un gobierno democrático, para construir una nueva nación en paz y equidad, que apunten a las transformaciones estructurales de la sociedad. (eln, 2014, V Congreso. Sobre la estrategia, propósito y objetivo)”.
Y, agregan: “En relación con este objetivo se formulan nueve ejes y líneas de acción, pero para los fines de este articulo solo registro el 1) movimiento social y político que tiene como propósito ampliar y potenciar la movilización y acción de masas con un sentido de “insurgencia popular”, articulando lo urbano, rural y sectorial”.
Armonizar la lucha política reivindicativa, por medio de la construcción de planes de vida, pliegos y programas de lucha. Todo ello, con la finalidad de preparar las condiciones hacia la movilización de alcance nacional.
En ese libro está por completo retratado lo que está aconteciendo que va en sintonía con la revolución molecular anticipada que tanto le interesa al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla que tenga sus efectos y consecuencias destructoras en Colombia.
Ese libro del profesor comunista de la nacional, traza claramente la ruta del eln y el propósito desestabilizador que está en marcha.
La intención de esa movilización era sumarse a aquella de venezolanos que se informa venían desde el Norte de Santander para también sumarse a la anunciada marcha que dejó conocer Fecode; los días 20 y 21 de los corrientes queda evidente que se quería afectar y parar la Nación.
Ahora bien, esas minorías intransigentes, desestabilizadoras, anárquicas, amenazantes, jamás representan el sentir y deseo de millones de colombianos que ante la pandemia y crisis económica que nos afecta, sólo queremos estar tranquilos y trabajar para llevar el sustento a casa y rechazamos por completo la desestabilización que desean imponer.
Hoy el llamado corresponde es a la Sociedad Civil a rodear a su gobierno legítimo y democrático. Acompañar y respaldar a nuestras Fuerzas Militares y de Policía a quienes quieren inhabilitar para cumplir con su papel de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes.
Quienes con las movilizaciones y marchas que de pacíficas tienen poco como quedó demostrado en septiembre pasado cuando destruyeron sin razón alguna muchos CAI, estaciones y buses de Transmilenio y otras propiedades públicas y privadas.
La minga infiltrada que venía del Departamento del Cauca fue quizás la más favorecida y atendida no sólo en el actual gobierno sino en otros gobiernos anteriores.
En el año 2019 y en el 2020 han tenido inversiones en su territorio por $344 mil millones de pesos y en el 2022 tienen ya asegurados $296 mil millones. No se entiende entonces por qué deben salir de sus regiones para supuestamente extender peticiones; ellos ya hoy tienen las mejores tierras que son las más productivas.
Si se estudia a fondo la problemática de tierras en el suroccidente de Colombia, se constatará que ya fueron favorecidos cuando se las quitaron a sus legítimos propietarios, en épocas del INCORA.
Lo que es claro y los colombianos lo saben es que los indígenas tanto allí como en otras regiones del país, no les distingue gran eficiencia como administradores, agricultores y ganaderos. En el copioso territorio que les entregaron, hoy ocupan en 710 resguardos cerca de 34 millones de hectáreas de suelo improductivo que acorde con la extensión del territorio nacional es cercano al 30% de Colombia.
Pero, así como la sociedad civil rodea a su gobierno, éste también debe obrar en sintonía y acorde con la amenaza e infiltración conocida, con firmeza y autoridad debe impedir por razones de salubridad y por el riesgo que representó el que la movilización llegara a la Capital.
Es evidente que el orden público compete al primer mandatario si la situación empeora tiene en la conmoción interior la herramienta efectiva para hacerle frente a la crisis que se avecina, porque esto de la narco minga es apenas otro abreboca.
El derecho a la protesta es constitucional pero no es absoluto, por encima estará siempre la vida y salud, luego un interés particular jamás podrá estar por encima del principal bien jurídico a proteger como es la vida de cada ciudadano.
No se preocupe por la dialéctica a la inversa que tanto gusta la alcaldesa de Bogotá aplicar y que ahora los opositores ponen en sintonía, para cuando las cosas por restablecer el orden lleguen a salirse de control, saquen su dedo acusador señalando que lo advirtieron, y nosotros como sociedad civil les anunciamos desde ya que ustedes saben que se desbordan esas marchas por infiltraciones y vándalos y el Estado debe cuidar a sus ciudadanos y no puede renunciar a su deber constitucional de protegernos.
* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado
y Presidente de la Asociación Únete por Colombia.
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