Escribe: Juan Felipe Vélez.-
Los argumentos tienen como objetivo ralentizar los tres macro-casos que se llevan en su contra.
Los antiguos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) han interpuesto 114 recursos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por entorpecer las investigaciones que este tribunal adelanta en contra de la cúpula del supuestamente extinto grupo terrorista.
Los argumentos presentados, más que un esfuerzo por parte de la defensa de las farc por preservar el derecho al debido proceso de sus clientes, parecen destinados a ralentizar los tres casos que se llevan en su contra, pues la propia JEP ha desestimado todos los recursos interpuestos hasta la fecha.
Ante la negativa de la JEP de proceder con los reclamos de la cúpula de las farc, la defensa de los acusados ha optado por apelar cada decisión del tribunal. Esto se ha convertido en un juego de interposición de recursos con razones infundadas y luego apelaciones subsecuentes a los fallos.
El trabajo de los jueces se ha vuelto mesiánico, al ser tantos los jefes investigados en su obligación por responder cuanto reclamo tengan la defensa de las farc.
Una estrategia encubre la responsabilidad de la cúpula de las farc
Los recursos interpuestos por la cúpula de las farc se han concentrado en dos de los macro casos. Los casos 001 y 007 de la JEP, que obedecen a la retención ilegal de personas y el reclutamiento forzoso de menores de edad, respectivamente.
Para el caso 001 se han interpuesto 86 recursos, para el caso 007 se habla de al menos 27 recursos. No obstante, el caso 004, que se ocupa de la situación territorial de Urabá, cuya cifra asciende a 35.210 víctimas, fue destinado solo un recurso.
Aunque curioso, no resulta sorprendente que las apelaciones por parte de la defensa de las farc se concentren en estos dos macro-casos, debido a que este grupo entre 1990 a 2016 fue la organización delictiva que con mayor número de reclutamiento de menores de edad para la guerra -alrededor de 40.000 y promediando los 14 años-, así como el mayor responsable de secuestros, con cifras que rondaban los 20.000 en el país.
Los jefes de las “supuestamente extintas” farc que más recursos han interpuesto han sido Rodrigo Granada Escobar, Luis Oscar Úsuga y Martín Cruz quienes hasta los momentos se habla de que han interpuesto cuatro recursos cada uno ante la JEP.
El propio líder máximo de las farc, Rodrigo Londoño Echeverrí, alias Timochenko, junto con Pastor Alape, Pablo Catatumbo, y otros 12 comandantes han interpuesto tres recursos cada uno.
De igual forma, Iván Márquez y Jesús Santrich interpusieron cada uno dos recursos ante la JEP, antes de fugarse de la justicia colombiana y establecer un grupo narcotraficante, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro.
Esta práctica ha entorpecido a tal punto el proceso, que la presidente de la JEP, Patricia Linares, ha dicho que “la interposición de recursos por parte de los abogados de los comparecientes del Estado Mayor Central de las antiguas farc-ep, dentro del caso de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, se traduce en la suspensión en el proceso de avance del plan de trabajo del macro-caso mientras se resuelven los otros. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que las versiones voluntarias solamente pudieron iniciarse en agosto de 2020”.
Jefes de las farc sin registro de su ubicación
La magistrada Linares también ha informado que en los procesos de notificación de los autos de la JEP una dificultad recurrente ha sido ubicar a las personas que tienen que ser notificadas.
En el caso de Luis Raúl Carrillo, quién fue comandante del Frente 19 de las farc, la JEP ha sido incapaz de hacerlo comparecer para que responda por el crimen de reclutamiento de menores de edad.
El Tribunal de Justicia transicional lo ha buscado a través de la Unidad de Investigación y Acusación; también lo ha intentado contactar a través de los números que aparecen registrados en el sistema de su Entidad Promotora de Salud (EPS).
Del mismo modo, se envió una notificación a la dirección que tiene reportada; se emitió el comunicado en uno de los principales periódicos impresos del país y se publicó el comunicado de su citación en la página web de la JEP. Ante la imposibilidad de contactar al antiguo comandante del Frente 10, la JEP optó por asignarle un abogado de oficio y notificarle por medio de este.
El abogado de Carrillo excusó al desaparecido líder aduciendo dificultades para comparecer “porque todos tienen en la JEP, en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz unos datos de contacto, pero en su gran mayoría no están en Bogotá ni en las capitales, sino en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Estos son lugares bastante alejados, con muchos problemas de conectividad, tanto por medios virtuales como telefónicos, lo que ha impedido en algunos casos la notificación”.
Recusar magistrados: ¿Nueva estrategia?
La estratagema ha llegado a tal punto que ya un magistrado de la JEP, Iván González, resultó recusado por parte de los líderes las farc.
Según la defensa de las farc frente al Caso 007, por reclutamiento de menores de edad, el magistrado González habría prejuzgado a los acusados por una declaraciones hechas ante la prensa que supuestamente emitían juicios de valor y poniendo en riesgo la imparcialidad del juicio.
Originalmente los líderes de las farc habrían solicitado al magistrado declararse impedido y ante su negativa lo habrían recusado. “En este caso son 34 comparecientes y ellos tienen 22 abogados. Todos hicimos lo mismo. Este es un macro-caso con 6.000 hechos y 340 víctimas acreditadas por la Sala, las decisiones no son tan sencillas de tomar”, afirmó la defensa de las farc.
Ante lo sucedido, Patricia Linares tuvo que suspender los términos para este caso, entre el 15 de noviembre de 2019 y el 11 de febrero de 2020, cuando el trámite fue favorable para el magistrado y la sección de apelación del Tribunal para la Paz, en segunda instancia, lo mantuvo al frente de la investigación.
En la actualidad, los ojos de la opinión pública se encuentran sobre la supuesta confesión de las farc de ser los responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, quienes -en teoría- deberán comparecer ante la JEP el 4 de noviembre. Hay grandes dudas sobre la veracidad de esta confesión y falta ver que nuevos recursos interpondrán para entorpecer las investigaciones de la JEP en este caso.
* Juan Felipe Vélez, Economista, Mc, escritor y liberal.
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