Escribe: Jorge Ancizar Cabrera Reyes
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Benito Juárez.
Los programas de desarrollo con enfoque territorial, son mecanismo e instrumentos de planificación y de gestión que tiene como finalidad la Priorización en los componentes del Desarrollo para transformar los territorios afectados principalmente por la violencia, la pobreza y la exclusión.
Por ello se debe lograr y mejorar como se viene haciendo, la articulación de las fuentes de financiación de las entidades del Estado para desarrollar proyectos de transformación rural en los 170 municipios PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial, logrados en el acuerdo uno (1), de la reforma rural integral del proceso de paz de la Habana y firmado por el Estado Colombiano y las Farc-Ep. El departamento del Tolima tiene 4 Municipios PDET. Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.
Los proyectos priorizados por los mandatarios locales, con la participación ciudadana y viabilizados por el Gobierno nacional deben ser en educación, salud, transporte, reactivación económica, reconciliación, ordenamiento territorial y seguridad alimentaria entre otros.
Hay que apoyar la paz, con responsabilidad, el Estado, la Sociedad Civil y los distintos actores en conflicto, para construir la real convivencia social, basada en el respeto de los derechos del “otro”, y la recuperación del tejido social de las zonas que han sufrido los rigores de la violencia.
En ese orden de ideas y con los análisis juiciosos, de académicos, investigadores que ya son muchos los estudios de las causas y consecuencias de lo que ha significado la violencia en las zonas de conflicto como el sur del Tolima, donde nacen las Farc-Ep, hoy “reincorporada” a la vida civil y con participación en el Congreso de la República, con su Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
El gobierno debe impulsar aún más políticas públicas en los 170 municipios PDET, pagando la deuda social por causa del conflicto armado interno, para que la inversión social en obras y proyectos productivos se cumplan con ahínco, participación y voluntad de todos, en ese componente de lograr un desarrollo integral y en armonía entre los gobernantes, servidores públicos, sociedad civil y que el desarrollo sea sostenible e incluyente, de esa manera se llega a una mejor convivencia social y una cultura de paz que propenda erradicar toda forma de violencia en el marco de la protección, defensa y respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
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