¿Magia electoral? “Desaparecidos” aparecen…. y votan

Escribe: Gabriela Moreno*

La Fiscalía precisó que dos jóvenes en Valle del Cauca y Risaralda, que habían sido reportados como desaparecidos durante el paro nacional del año pasado, votaron en las elecciones del domingo.

En las elecciones del pasado domingo 13 de marzo, acudieron a votar 37 personas que estaban reportadas como desaparecidas, entre ellas dos jóvenes cuyos casos se atribuían a las jornadas de protesta que se iniciaron el 28 de abril del año pasado.

Como por arte de magia. Sin complicaciones y sin lesiones. De esa forma, 37 colombianos que figuraban como desaparecidos llegaron a los centro electorales para ejercer su derecho al voto, según los reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto por la Fiscalía General de la Nación. Entre estos hay supuestos desaparecidos durante el paro nacional contra el gobierno del Presidente Iván Duque que sirvieron para acusar al Ejecutivo y a las fuerzas policiales de represión y abuso de autoridad. Hoy se desmonta parte de este discurso. Todo parece indicar que algunos de estos reportes de desapariciones eran falsos.

La Fiscalía precisó el lunes 14 de marzo que dos jóvenes de este grupo, uno en la población de Yumbo, Valle del Cauca, y otro en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, habían sido reportados como no localizados en el marco de las jornadas de protesta del año pasado. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público anunció que ya emitió las respectivas actas de supervivencia.

Depuración de cifras de desaparecidos durante el paro

Organizaciones internacionales de derechos humanos cuestionaron duramente al gobierno colombianos por denuncias como estas. Durante el paro nacional convocado el año pasado por sectores de izquierda, destacando el candidato presidencial Gustavo Petro como uno de sus principales promotores, la Fiscalía recibió un reporte de 548 casos de presuntos desaparecidos desde el inicio de las manifestaciones el 28 de abril y por los dos meses que extendieron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país y formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano, en un informe de 48 páginas, por la “respuesta desproporcionada de la fuerza” durante el paro. En este mismo orden de ideas, la agencia alemana DW emitió su juicio al afirmar que “la desaparición es un crimen de lesa humanidad, típico de una dictadura, no de una democracia. Colombia hace encender las alarmas, no solo por la violencia policial, sino ante la incongruencia de las cifras”, en un artículo titulado:

“Desaparecidos durante el Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”.

Pero los números de la Fiscalía dicen otra cosa. La Vicefiscal General, Martha Yaneth Mancera, explicó en declaraciones recogidas por El Tiempo que hasta el corte del 4 de junio, el Estado había logrado ubicar a 101 personas reportadas como desaparecidas durante el paro, depurando además el reporte inicial de 548 casos hasta quedar para ese momento con 91 pendientes. La novedad reportada en las elecciones del pasado domingo indica que a algunas de estas personas no hay que buscarlas. Aparecen por su cuenta en los centros electorales votando y sin reportarse a las autoridades para cerrar su caso como ocurrió con estos dos jóvenes en Valle del Cauca y Risaralda.

Vale acotar que el Valle del Cauca destacaba entre los 91 casos que para mediados del año pasado manejaba la Fiscalía como pendientes, encabezando este departamento la lista con 23. Risaralda también figuraba entre los primeros con seis casos pendientes.

Falsas violaciones durante las protestas

Además de las falsas desapariciones también hubo reportes de supuestas violaciones que se pretendieron atribuir a oficiales de la fuerza pública. A finales de mayo, una mujer denunció a través de las redes sociales que había sido abusada sexualmente en un Centro de Atención Inmediata (CAI) durante las jornadas de protesta en la localidad de Usme, en Bogotá, pero todo se trató de una mentira para ocultarle a su pareja que se había escapado de rumba sin avisarle y la habían robado.

Dos semanas atrás circuló otra fake news sobre la supuesta violación de una menor de edad en un CAI en la localidad de Bosa, también al sur de la capital colombiana, lo que incluso generó actos vandálicos contra esta sede policial producto de la irresponsabilidad de difundir información no verificada.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aclaró en su cuenta de Twitter que el caso que se estaba sumando a las cifras de abuso policial en las protestas de 2021 correspondía a un hecho ocurrido hacía más de un año, el cual había sido debidamente judicializado en su momento.

Otras irregularidades durante las elecciones

El reporte presentado el lunes 14 por la Fiscalía también incluye otras 26 capturas por delitos electorales y 91 por diferentes conductas, mientras que la Procuraduría recibió 138 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral. Bogotá lidera la lista con 43; Antioquia con 21; Santander con 15; Cundinamarca con 8 y Tolima con 5.

“La mayoría de los detenidos están relacionados con corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento”, informó el Fiscal General, Francisco Barbosa. Por estas conductas delictivas, en los últimos cuatro años se abrieron investigaciones por 3.847 casos asociados a procesos electorales en el territorio nacional.

Con cárcel

Las penas vigentes en Colombia por delitos electorales oscilan entre cuatro y nueve años de cárcel. Entre quienes serán judicializados se destacan dos concejales. El primero de ellos, una representante de Zipaquirá (Cundinamarca), quien junto a otros dos aprehendidos supuestamente ofrecía dinero a los electores para que votaran por una lista de candidatos específica. En este procedimiento fueron incautados cerca de 2.000 millones de pesos, equivalentes a 500 dólares.

En otro evento, un concejal de Calarcá (Quindío) fue capturado con propaganda electoral y más de 200.000 pesos (80 dólares) que estaría usando para la compra de votos. A estas detenciones se suma la de un pastor investigado por delitos sexuales.

En investigación

Sobre la jornada electoral en el exterior hay 62 querellas en evaluación para determinar si califican como criminales.

En el caso de las explosiones registradas en zonas de paz, la Vicefiscal Martha Mancera anunció que hay un grupo especializado a cargo de las investigaciones para saber cuál organización criminal provocó los ataques. Desde el cierre de los distintos pasos fronterizos con Venezuela, ejecutado el viernes 11 de marzo, fueron activados equipos especializados para verificar y atender las circunstancias que se presenten en esos territorios. Este grupo, conformado por los directores seccionales y delegados del Nivel Central de la Fiscalía, reportó normalidad en Norte Santander, La Guajira, Arauca, Cesar, Guainía y Vichada.

Sin embargo, en Uribia (La Guajira) se localizó a un hombre con 310 tarjetones pedagógicos en el puesto de votación de la institución educativa San Rafael. A esta persona la Policía Nacional le impuso una orden de comparendo.

* Gabriela Moreno, Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

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