Escribe: Andrés Fernández
Cabe recordar que el 2 de mayo de 2002 las farc en un enfrentamiento contra paramilitares detonó un cilindro-bomba en las instalaciones de la iglesia San Pablo Apóstol en Bojayá.
Ante las denuncias de una incursión armada por parte de paramilitares y guerrilleros en Bojayá – Chocó, el Presidente Iván Duque ordenó el despliegue de cerca de 100 militares a la zona para garantizar la seguridad de los pobladores.
De acuerdo con los habitantes, al menos 300 hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar ‘Clan del Golfo’ tendrían confinados a los habitantes del corregimiento de Pogue, municipio de Bojayá en Chocó, para controlar y monopolizar el tráfico de droga en esta zona del país.
Principalmente lo que buscan estas organizaciones criminales es usar los ríos como canal de transporte de narcotráfico.
“La situación es delicada. Desde el 31 de diciembre llegó un desembarco de 300 paramilitares y avanzaron hasta la comunidad de Pogue. Le han prohibido a la comunidad que hagan sus actividades del campo, estamos asustados”, señaló un líder de la población.
En este sentido el
Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo, dijo en su cuenta de Twitter: “Ratifico nuestro compromiso institucional
con la población, los héroes bicentenarios trabajamos para garantizar la
seguridad de Bojayá, , y su área rural, nuestro deber es erradicar cualquier
presencia de los grupos armados
organizados”.
Diecisiete años más tarde y luego de la firma del acuerdo entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las farc, Benkos Biohó —quien comandó el ataque terrorista— ahora es congresista.
Esto sin duda generó polémica porque pone sobre la mesa un manto de impunidad que ha rondado el acuerdo.
El Presidente Duque confirmó que el nuevo Comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, se encuentra sobrevolando la comunidad de Pogue y Lomas de Bojayá, sitio donde las tropas de la Séptima División del Ejército están desplegadas para detener el ascenso de organizaciones criminales que buscan ejercer control territorial.
“Se fortalecerá presencia y pie de fuerza, monitoreamos situación para neutralizar hechos que puedan atentar contra tranquilidad de sus habitantes”, indicó el mandatario.
Asimismo, el Comando de la Séptima División del Ejército informó este jueves que como producto de las operaciones militares desarrolladas en el último año, las estructuras armadas del ‘Clan del Golfo’ en esta región se han visto afectadas de manera contundente con 37 capturas, dos muertes en desarrollos de operaciones militares, 44 kilos de explosivos neutralizados y 1.147 galones de base de coca en proceso y 16 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes destruidos.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización de derechos humanos que acompaña estos procesos, la avanzada paramilitar estaría siendo planeada desde el corregimiento de Pavarandó del municipio de Mutatá, en Antioquia.
El confinamiento de Pogue
Pogue pertenece al Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), es una comunidad que está situada al interior de la selva colombiana que mezcla entre sus habitantes a afrodescendientes e indígenas y que sigue con las heridas de la violencia sin sanar, luego del lamentable y recordado ataque terrorista de las farc en Bojayá.
El pueblo más cercano está a 3 horas en bote y se sienten confinados debido a la ubicación topográfica de la región, se llega tras embarcarse por varias horas en panga y bote, por el río Atrato y por el río Bojayá en el departamento del Chocó.
Muchos de sus pobladores aseguran que tienen miedo de denunciar a raíz de las intimidaciones de hombres armados que se han venido presentando como parte del ‘Clan del Golfo’ o de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)’. El río también es utilizado por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que los habitantes ya no conviven como lo hacían antes. En base a la zozobra que les causa, acuestan a sus hijos en horas tempranas de la noche y temen al mismo tiempo seguir en sus actividades agropecuarias o de pesca.
Los enfrentamientos estarían dados por el control de economías ilegales, entre ellas la minería ilegal, el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
T. de PanamPost