Petro arma el equipo más corrupto de la historia

Escribe: Gabriela Moreno*

Armando Benedetti, jefe de la agenda de Gustavo Petro, tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícitos por unos 800.000 dólares, quien ya cuenta con el “perdón social” de su jefe.

El candidato de la extrema izquierda suma una docena de aliados con antecedentes por mal manejo de recursos públicos con la excusa del “perdón social”. El abogado y asesor del Concejo de Bogotá, Daniel Briceño, dijo a PanAm Post que Gustavo Petro “ya no es el idealista con discursos anticorrupción” y ahora “apela al pacto con líderes políticos nacionales y regionales en ciudades pequeñas o donde históricamente ha perdido para intentar ganar la elección”.

El candidato a la presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, implementa la amnesia como estrategia de campaña para sumar a sus filas a políticos y empresarios con pasado turbio. Con su propuesta de “perdón social” que pretende absolver a acusados de corrupción conquista nuevos aliados.

A mes y medio de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, Petro asegura en sus redes sociales que “sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”.

La nueva narrativa de Petro deja atrás su discurso contra la corrupción que vociferaba desde hace una década para desplegar una “campaña sui géneris” donde “apela al pacto con líderes políticos nacionales y regionales en ciudades pequeñas o donde históricamente ha perdido para intentar ganar la elección”, afirma Daniel Briceño, abogado especialista en derecho público y asesor del Concejo de Bogotá, en entrevista con PanAm Post.

“Petro ya no es el idealista con discursos anticorrupción sino ahora suma a políticos de carácter profesional como muestra de que quiere hacer una política de carácter tradicional”. Es un “pragmatismo político para generar alianzas que lo conduzcan a la victoria”, apunta Briceño.

Pero su estrategia generará “remezones para el país porque si gana lo hará comprometido con estos grupos tradicionales que seguirán con sus prácticas de corrupción que siguen hasta el día de hoy”.

¿El fin justifica los medios?

Petro se regodea de su propuesta. Dice que “el perdón social no es impunidad, es justicia reparativa”. Incluso, destaca que “el perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica” y que “el perdón social no es ni jurídico, ni divino” sino “un perdón terrenal de la ciudadanía, que no lo ordena el presidente, sino la sociedad”.

A juicio del abogado, “la gente tiene que saber que hay un Gustavo Petro dispuesto a llegar a la presidencia, pero muchas cosas de su discurso no están. Ojalá todos los colombianos pudieran conocer el nivel de enlace de Petro”. Por eso, a través de su cuenta de Twitter enumeró algunos de los personajes con deudas con la justicia o pasados turbios a los que Petro les ha otorgado el “perdón social”, muchos de los cuales conforman ahora su equipo de campaña y, sin duda, le pedirían un cargo en su eventual gobierno.

Armando Benedetti, es el jefe de la agenda de Petro. Planifica a qué hora se despierta, qué come, en qué momento, cuánta ropa debe cargar en su maleta –según la cantidad de días que estarán fuera de Bogotá–, con quién se reúne y a quién rechaza. Pero este hombre de confianza habría aumentado su patrimonio en al menos 3.000 millones de pesos (800.000 dólares) entre 2002 y 2018.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantiene una investigación en su contra por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Para el alto tribunal, el incremento de su patrimonio no obedece a ingresos percibidos por su labor en el Congreso. Según expone la providencia, durante 2008 le habrían entrado alrededor de 611 millones de pesos (162.000 dólares) más de lo que reportó en sus ingresos como congresista. Para 2009 sumó 169 millones (45.000 dólares), mientras que para 2014, 2015 y 2016 no tendría como justificar más de 800 millones (215.000 dólares).

Alfonso Prada, es el jefe de debate de Petro. Pero este político enfrenta cuestionamientos por su gestión en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En octubre de 2017, la exdirectora de la institución, María Andrea Nieto, denunció las irregularidades que se presentaron en la contratación y ejecución de 13 obras del SENA, que suman más de 280.000 millones de pesos (75 millones de dólares), pero ninguna se concretó. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, calificó de “deficiente y preocupante” la administración del entonces Director general del Sena.

La W Radio comprobó que ninguna de las obras tiene avances. “Nadie las vigila, mientras que se siguen haciendo adiciones, prórrogas y continúan los retrasos. Además, Prada sigue sin responder a tan evidentes irregularidades”, y en la Procuraduría General de la Nación el caso sigue estancado. Piedad Jiménez, quien para el año 2015 era la Directora Administrativa y Financiera de Prada, ha logrado dilatar en varias ocasiones la audiencia pública de tan solo una de las 13 obras.

Piedad Córdoba y sus relaciones con el chavismo la condujeron a abandonar las labores “humanitarias” con los secuestrados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) para convertirse en la lobista empresarial de Álex Saab, preso en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero. Eso sostiene Andrés Vásquez, su exasesor de comunicaciones, en la última declaración ante la Fiscalía, reseñada por Noticias Caracol.

En paralelo, el exasesor de Córdoba también la señala de haber retrasado la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada por las farc, porque “Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, especialmente por la jerarquía”.

El hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando, visitó a los hermanos Iván y Samuel Moreno en la cárcel La Picota, donde pagan una condena por el escándalo del carrusel de la contratación, el mayor desfalco a las finanzas cometido en Bogotá en los últimos años, para presuntamente ofrecerles el “perdón social”.

Un fallo judicial estableció la culpabilidad del exalcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por irregularidades en los contratos de ambulancias a cargo de la Secretaría de Salud, entonces dirigida por Héctor Zambrano –también condenado–, quien fuera el encargado de entregar las comisiones a los hermanos Moreno; la contratación de la tercera fase de Transmilenio, adjudicada al grupo Nule, y el proceso por la contratación de la malla vial.

Los Moreno señalaron a Petro en 2014 de tener intereses con el grupo Nule, “porque su concuñado, Carlos Gutiérrez Robayo, hizo negocios con esa firma por más de 30.000 millones”. Es importante destacar que Iván Moreno fue condenado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio.

Roy Barreras, el senador que funge como jefe de debate parlamentario de la bancada del Pacto Histórico ha estado bajo investigación por orden de la Fiscalía General de la Nación, así como su esposa y cercanos a él por presuntamente liderar una empresa criminal que desangró a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Los investigadores le siguen la pista a más de 14.000 contratos suscritos entre 2014 y 2019 y que suman 1,2 billones de pesos (320.000 dólares) y, según las pesquisas, tuvo su punto más álgido en el año 2016. Los contratos fueron realizados de manera directa, o sea a dedo, violando así los principios de transparencia del gobierno.

Con referencia a la Primera Línea, varias investigaciones han mostrado que tienen relaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (eln) y el narcotráfico, pero Petro promete indultarlos al asegurar que “son perseguidos injustamente, simplemente, por manifestarse”. Un reportaje de Noticias RCN confirmó que los encapuchados ocupan un lote de propiedad privada de la constructora Las Galias, ubicado entre los barrios Class Roma y Vegas de Santa Ana, entre la localidad de Bosa y Kennedy (al sur de Bogotá), que sirve como base de sus operaciones con los grupos de Patio Bonito y el Portal de las Américas (también al sur).

León Fredy Muñoz, aunque perdió con el recuento de votos su curul en el Senado, es un dirigente del Partido Verde que fue capturado por portar 160 gramos de cocaína en el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, está en investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de narcotráfico.

Fredy Anaya, el contralor de Santander y su esposa son dueños de poderosas empresas contratistas de los sectores de infraestructura, agua y alcantarillado. Solo entre 2007 y 2014 se conoce de contratos por 68.000 millones de pesos (18 millones de dólares). Un reciente informe de Pares, evidencia que Anaya habría convertido a la Empresa Pública de Alcantarillado, Empas, en un fortín burocrático y se habría beneficiado con la contratación pública a través de empresas familiares. En 2015, a través de las páginas de Vanguardia, fue denunciado por un presunto carrusel de contratos, entre 2007 y 2014, que vinculaba a la Empas y al círculo cercano de Fredy Anaya.

Bernardo Hoyos, es el mayor cartucho de Petro en Barranquilla, a pesar de que el exalcalde cumple una condena de siete años de detención domiciliaria en su casa El Rincón Latino, por haber sido partícipe del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, pero quien ahora sería merecedor del “perdón social”.

Gustavo Petro ha intentado lavar la imagen de Luis Pérez (Lupe) para presentarlo como un liberal progresista en su Pacto Histórico. Pero el expediente paramilitar de su nuevo socio, al que se suma su fama de corrupto, ya es imborrable por estar involucrado en la operación Orión, que según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fue “la incursión militar urbana más grande de Colombia”, y en ella “la población civil quedó en medio del fuego cruzado por tierra y aire, produciendo desplazamientos, asesinatos y desapariciones”.

De su administración se destaca el despilfarro con la adquisición de una Harley Davidson que compró su Director de Metroseguridad, Isaac Gaviria, con dineros públicos. También fueron recurrentes los rumores de corrupción, hasta el punto de que algunos lo llaman Luis XV, o Luis 15, haciendo referencia al nombre del Rey Sol –que en realidad fue Luis XIV– y al 15 por ciento que supuestamente cobraba para entregar contratos. Esos rumores nunca se comprobaron. Lo que sí es un hecho es que dejó maltrechas las finanzas de la ciudad, aumentando el déficit.

Ernesto Samper, es el expresidente de Colombia que respalda a Gustavo Petro y el mismo que está vinculado con la presunta financiación de su campaña con dineros del Cartel de Cali. Los jefes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, aseguran que Ernesto Samper Pizano supo desde el comienzo sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial en el año de 1994.

Sandra Villadiego, formó parte de la lista a la Cámara por el Pacto Histórico en Bolívar a pesar de estar casada con Miguel Ángel Rangel, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema a 90 meses por el delito de concierto para delinquir, derivado de los vínculos que mantuvo con el Bloque Central Bolívar y el Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

* Gabriela Moreno, Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

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