Escribe: José Gregorio Martínez*
Al menos siete gráficos incluidos en el informe final de la Comisión de la Verdad evidencian que la disminución de homicidios, secuestros, torturas, reclutamiento y desapariciones forzados comenzó el mismo año en que el Presidente Álvaro Uribe asumió el poder, logrando mantener la tendencia a la baja durante sus ocho años de mandato.
“Hay futuro si hay verdad”. Así se titula el primer tomo del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que contiene los hallazgos y recomendaciones en torno a seis décadas de conflicto armado en Colombia. Pero si la paz es la ausencia de guerra y la verdad es ese eterno problema filosófico de la búsqueda de la exactitud y la aproximación a la realidad contaminado por la interpretación, ¿se puede hablar de paz y verdad? “Ni la paz ni la verdad son fáciles”, admite el documento en su introducción.
En Colombia la paz está incompleta. Y la verdad también. Por ejemplo, puede ser una verdad irrefutable la existencia de los falsos positivos, las cifras de víctimas de los paramilitares y de las narcoguerrillas y los altos índices de impunidad. Pero hay otra verdad en este informe que parece haber pasado por debajo de la mesa. La paz no comenzó con los acuerdos firmados en La Habana en 2016, como se pretende imponer mediante un relato cargado de sesgos ideológicos. Al menos siete gráficos presentados por la Comisión de la Verdad demuestran que la violencia en Colombia comenzó a descender de forma abrupta desde 2002, justo cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia con su política de Seguridad Democrática.
Los datos obtenidos de fuentes como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Registro Único de Víctimas (RUV) y la propia Comisión de la Verdad –que nada tienen que ver con el uribismo– evidencian que la disminución de homicidios, secuestros, torturas, reclutamiento y desapariciones forzosas comenzó el mismo año en que el Presidente Uribe asumió el poder, logrando mantener la tendencia a la baja durante sus ocho años de mandato.
Víctimas en el tiempo, acumulado por tipo de violencia
El primer gráfico que salta a la vista en el informe es el de la cantidad de víctimas en el tiempo, acumulado por tipo de violencia según la integración final de datos. “Esta gráfica muestra la magnitud de la violencia en Colombia. De las violaciones analizadas por el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, los homicidios son la gran mayoría, seguida de la desaparición forzada, el secuestro y el reclutamiento. En su conjunto, llevan a un pico muy pronunciado de víctimas en 2002 y luego descienden constantemente hasta tener un nuevo aumento, aunque más reducido, en 2007, principalmente la desaparición forzada y los homicidios”.
Vale destacar que este descenso que comienza en 2002 también es bastante marcado, según se puede observar en la gráfica, mientras que el pico que se registra en 2007 es leve e inmediatamente al año siguiente retoma su tendencia a la baja. Así, en 2010, cuando Álvaro Uribe le entrega la Presidencia a Juan Manuel Santos, la línea de homicidios, desapariciones, secuestro y reclutamiento ya estaba en franco descenso.
El dato que acaparó titulares de prensa tras la presentación del informe el martes 21 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá ha sido el correspondiente al número de homicidios y los principales responsables de este delito. Del total de 450.664 homicidios entre 1985 y 2018 a causa del conflicto armado, 45% se le atribuyen a grupos paramilitares, 27% a las guerrillas (farc 21%, eln 4% y otras guerrillas 2%) y 12% a agentes estatales, mientras que 6% se ubican en la categoría de múltiples responsables y 9% no pudo ser precisado.
Masacres
Aparece posteriormente en el informe de la Comisión de la Verdad el gráfico sobre masacres y número de víctimas por año entre 1958 y 2019. En este periodo, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, “se registraron al menos 4.237 masacres, y entre 1998 y 2002 ocurrió el mayor número”. En este caso también se hace evidente la línea casi totalmente vertical que muestra la caída libre entre 2002 y 2010, correspondiente a los dos periodos presidenciales de Uribe.
La firma del Acuerdo de Paz no garantizó la erradicación de las masacres en el país. De hecho, desde 2016 se aprecia un leve ascenso en la línea. Según datos de Indepaz reseñados en el documento, entre 2020 y 2022 se registraron 231 masacres en Colombia, en las que murieron un total de 877 personas. Aunque se insiste en la “desmovilización” de las farc-ep, hay un reconocimiento al hecho de que “la ocupación de los territorios por parte de grupos posdemosvilización y ‘disidencias’ de la guerrilla agravó el escenario de seguridad”.
Desaparición forzada
La gráfica correspondiente a las víctimas de desaparición forzada por año, según la integración de datos entre 1985 y 2016, muestra que esta práctica inició un crecimiento en 1995 hasta alcanzar su nivel más alto en 2002, cuando empezó a descender hasta 2006, registrando un leve aumento en 2007, que al año siguiente retomó su tendencia a la baja.
Citando a los tribunales de Justicia y Paz, la Comisión de la Verdad atribuye esta práctica a la fuerza pública, paramilitares y las narcoguerrillas. “Particularmente las farc-ep y el eln, también son responsables de la desaparición de personas reclutadas, secuestradas o asesinadas sobre las
que no se ha proporcionado información de su destino o lugares de entierro, cuyas familias han demandado durante años que proporcionen información”.
Tomando en cuenta los picos que muestra esta gráfica, es probable que muchos de los guerrilleros que cometían este delito hoy participen en política con todas las garantías que ofrece el Estado gracias al Acuerdo de Paz y hasta ocupen curules en el Congreso sin haber reparado a las víctimas.
Secuestro
Solo entre 1990 y 2018 se calcula, según el informe final de la Comisión de la Verdad, que 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes, siendo las farc responsables de 40% de los casos, los grupos paramilitares de 24% y el eln de 19%. Y aunque en este balance no se incluyen periodos anteriores, el documento señala que este delito fue cometido “en la década de los sesenta sobre todo por el M-19”. Esta es la narcoguerrilla a la cual perteneció el hoy presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, la cual tiene en su prontuario la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. El gráfico muestra que en este caso el nivel más alto también se registró en 2002, manteniéndose casi sin cambios hasta el año siguiente, cuando comenzó su caída libre durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe.
En las décadas de los ochenta y noventa este delito fue cometido en su mayoría por las farc y el eln. La línea muestra que hubo un incremento vertiginoso entre 1995 y 2002, y que fue en 2003 cuando comenzó a descender con mayor velocidad a la de su ascenso.
Tortura
En lo que respecta a la proporción de víctimas de tortura por año, según datos propios de la Comisión de la Verdad y del Registro Único de Víctimas correspondientes al periodo 1970-2019, ambas fuentes coinciden en que hubo un aumento exponencial desde 1995 con dos picos, en el año 2000 y en 2002, iniciando luego un descenso imparable hasta 2011, pues al año siguiente, durante el mandato de Santos, hubo un leve incremento que en 2013 recuperó su tendencia a la baja.
La gráfica que compara las tendencias temporales de los 2.589 hechos de tortura documentados por la Comisión de la Verdad con los 7.571 registrados por el RUV evidencian un comportamiento similar al observado en el resto de los gráficos: un descenso que coincide con la llegada al poder de Álvaro Uribe.
Reclutamiento
De acuerdo con la integración final de datos en el gráfico correspondiente a las víctimas de reclutamiento por año durante el periodo 1990-2017, se observa igualmente un ascenso que se inició en 1995 y registró dos picos, en el año 2000 y en 2002. Cuando el Presidente Álvaro Uribe asumió el poder, el número de víctimas de reclutamiento se ubicaba en 1.305. Al año siguiente bajó a 1.253 y comenzó de inmediato un descenso indetenible hasta que en 2007 hubo un ligero repunte; sin embargo, el registro fue de 661 casos.
El balance indica además que las farc fueron responsables del 75% de los reclutamientos de menores de edad entre 1990 y 2017. Después de la firma del Acuerdo de Paz las cifras han sido bajas pero no han desaparecido. El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico (ONCA), citado en el informe, precisa que entre 2016 y el primer semestre de 2021 se registraron 269 hechos de reclutamiento.
Desplazamiento forzado
Otra gráfica que se puede apreciar en el Informe, corresponde al número de desplazados forzados por año en el periodo 1985-2019 evidencia el mismo comportamiento de un conflicto exacerbado entre 1995 y 2002, que también disparó los números en este caso hasta llegar a 730.904 víctimas para el año en que Uribe asume la presidencia. Dos años antes de entregar el poder la cifra se había reducido casi a la mitad, manteniéndose en torno a las 400.000 víctimas anuales.
“Tras la firma de los Acuerdos de Paz, a pesar de la disminución, siguió la persistencia del desplazamiento forzado, con más de 100.000 víctimas por año, tanto individuales, como
familiares y colectivos. De acuerdo con la información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) se registraron entre 2017 y 2021 más de 223.366 víctimas solamente entre los desplazamientos forzados masivos”.
Con evidente sesgo ideológico
Llama la atención del informe un discurso que coincide con los argumentos de la izquierda y un relato apegado a la agenda progresista. Por ejemplo, se cuestiona la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a EE. UU. y se afirma que el proceso contra Jesús Santrich e Iván Márquez “estuvo mediatizado por acusaciones de Estados Unidos que afirmaban que estos seguían
delinquiendo y participando en el narcotráfico después de la desmovilización”, minimizando el hecho de que ambos escaparon de la justicia y volvieron a tomar las armas, lanzando lo que llamaron la Segunda Marquetalia, lo que derivó en enfrentamientos con grupos de “disidencias” por el control de territorio en la frontera, tanto del lado colombiano como venezolano, en los que Santrich resultó abatido.
Adicionalmente, más allá de la veracidad de los casos registrados, se hace un particular énfasis en destacar el “racismo estructural”, “el patriarcado”, casos clasificados como LGBTIQ+ y la violencia sexual de la mano de “la violencia reproductiva, relacionada con el control de la reproducción y la maternidad”, para lo cual se recurría a “distintos medios para interrumpir procesos de gestación”, pero sin señalar directamente que se trataba de la práctica de abortos forzados sino más bien reclamando que “el patriarcado y sus guerreros se adueñaron del cuerpo y la autonomía de las mujeres para decidir sobre ellas”.
Y en las recomendaciones, en sintonía con el discurso durante la campaña del ahora presidente electo Gustavo Petro, la Comisión de la Verdad sugiere una “reforma o eliminación del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)” en el mediano plazo, así como la “prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y movilización social”.
* José Gregorio Martínez, Periodista venezolano dedicado a las fuentes de Política y Economía. Editor jefe de PanAm Post. Experiencia previa en medios como NTN24, El Mundo Economía & Negocios, Diario La Verdad y Globovisión.