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Un llamado a juicio cuestionable

Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*.-

La mayor√≠a de colombianos esperamos que el juicio a Uribe sea justo, porque el expresidente √Ālvaro Uribe V√©lez no necesita ninguna ley de punto final, concurrir√° ante la justicia y demostrar√° su inocencia.

Corr√≠a el a√Īo 2012 y en un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, Iv√°n Cepeda, eterno inquisidor del expresidente Uribe, con fundamento en dos testimonios lo se√Īal√≥ a √©l y a su hermano de ser fundadores del Bloque Metro de las AUC. A la par, se tuvo noticia de las visitas a las c√°rceles que realizaron en los Estados Unidos Iv√°n Cepeda, Piedad C√≥rdoba y Rodrigo Lara, para ‚Äúcomprometer‚ÄĚ al doctor Uribe. Tambi√©n visit√≥, con el mismo prop√≥sito, el senador Cepeda la c√°rcel de C√≥mbita. Esto llev√≥ al expresidente a denunciar al citado Iv√°n Cepeda por el presunto delito de manipulaci√≥n de testigos.

De las visitas realizadas a las c√°rceles y su objetivo, los medios de comunicaci√≥n han ilustrado con suficiencia. Sin embargo, de ese proceso penal que comenz√≥ teniendo al expresidente como denunciante por obra de interpretaciones, la investigaci√≥n dio un vuelco sin precedentes en los anales judiciales. De buenas a primeras, ‚ÄĒcon la participaci√≥n de unas v√≠ctimas que se cuestiona si realmente lo son‚ÄĒ qued√≥ a la postre como denunciado.

La CSJ, a trav√©s de algunos cuestionables magistrados, en el 2018 le cerr√≥ la investigaci√≥n al senador Cepeda y compuls√≥ copias para que se investigara al expresidente Uribe por presunta ‚Äúmanipulaci√≥n de testigos‚ÄĚ. En junio 5 de 2020 tuve ocasi√≥n de escribir una columna acerca de lo kafkiano de este proceso.

En junio 24 de 2018 la Corte Suprema de Justicia le abre investigaci√≥n. Los procesos a los senadores con fuero se rigen por la ley 600 de 2000. Se dispuso escucharlo en indagatoria, extra√Īamente no se le dio oportunidad de dar su versi√≥n libre. Seguidamente se conoci√≥ la interceptaci√≥n al abonado telef√≥nico del expresidente, la que pese a ser advertida contin√ļo de manera completamente ilegal, y as√≠ se lleg√≥ a la apertura de investigaci√≥n dispuesta por el Magistrado Jos√© Luis Barcel√≥, a quien se se√Īala como enemigo del expresidente Uribe.

El expediente pasó en noviembre de 2018 a la nueva sala de instrucción de la CSJ y le correspondió a la magistrada Cristina Lombana.

Cuando se esperaba que el Ministerio P√ļblico representase a la sociedad, como v√≠ctima se admiti√≥, en febrero de 2019, al citado senador Cepeda como parte civil. Una de sus primeras actuaciones fue recusar a la magistrada Lombana y, por supuesto, la recusaci√≥n fue aceptada.

En octubre 8 de 2019, fecha clave para contar los términos de prescripción de la acción penal, el expresidente fue vinculado formalmente al proceso mediante indagatoria por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En fecha imborrable, el 4 de agosto de 2020 se orden√≥ la medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra √Ālvaro Uribe, decisi√≥n que le puso contra las cuerdas y le oblig√≥ a extender su renuncia al Senado de la Rep√ļblica, pasando el expediente al conocimiento de la Fiscal√≠a General de la Naci√≥n, obteniendo la revocatoria de su detenci√≥n en octubre de 2020. Cumpli√≥ 66 d√≠as de injusta detenci√≥n domiciliaria.

El fiscal del caso, delegado ante la CSJ, Gabriel Jaimes, en marzo 5 de 2021, en una larga y sustentada exposici√≥n, solicit√≥ la preclusi√≥n del proceso, por no existir prueba para enjuiciar al se√Īor expresidente. La juez no acept√≥ los argumentos y orden√≥ seguir la investigaci√≥n. Luego le correspondi√≥ conocer al fiscal Javier Contreras quien en una actuaci√≥n deslucida, con muchas equivocaciones, solicit√≥ nuevamente la preclusi√≥n, la que fue negada por la Juez 41 de conocimiento de Bogot√°, Laura Barrera en mayo 23 de 2023; decisi√≥n que se confirm√≥ por el Tribunal Superior de Bogot√°, en octubre 6 de 2023.

Posteriormente se designó como fiscal al doctor Andrés Palencia Fajardo quien en vísperas de vencerse el término de 90 días para acusar o solicitar nueva preclusión, renunció por razones personales. Esto ocurrió el 10 de enero de 2024.

Al terminar el mandato del Fiscal General Barbosa la CSJ designó, el 12 de marzo, a la doctora Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación en propiedad.

Ella tomó posesión el 22 de marzo y uno de sus primeros actos fue nombrar como fiscal delegado ante la CSJ al doctor Gilberto Iván Villarreal Pava, quien en tiempo record decide acusar formalmente al expresidente, en abril 9.

En s√≥lo 18 d√≠as decidi√≥ acusar al se√Īor expresidente. Esta acusaci√≥n se fundamenta en las pruebas que fueron desvirtuadas por los anteriores fiscales, sin que se tenga conocimiento de que se hayan practicado nuevas pruebas, sencillamente hab√≠a que presentar acusaci√≥n.

A la juez 44 Penal de Conocimiento le corresponderá atender este proceso en su primera instancia. El periodista Daniel Coronell calificó al escrito de acusación de flojo.

El se√Īor expresidente en la ma√Īana del mi√©rcoles 10 de abril de 2024 entreg√≥ una declaraci√≥n en la que se refiere al llamamiento a juicio, el que ratifica la persecuci√≥n pol√≠tica a la que ha sido sometido.

El expresidente √Ālvaro Uribe V√©lez no necesita ninguna ley de punto final, concurrir√° ante la justicia y demostrar√° su inocencia. La mayor√≠a de colombianos esperamos que el juicio sea justo, en derecho, sin ninguna injerencia, solamente, como lo dispone el art√≠culo 230 de la Carta Magna con apego a la ley.

En cambio, en el juicio pol√≠tico en curso se cuenta con suficientes pruebas para declarar indigno al actual mandatario por violaci√≥n de los topes de la campa√Īa que lo llev√≥ a la presidencia. Por ello deber√≠a perder su cargo seg√ļn el art√≠culo 109 de la Constituci√≥n Pol√≠tica.

* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.

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