Violentas medidas de grupos criminales en pandemia

Escribe: Juan Felipe Vélez.-

La investigación de Human Rights Watch muestran que en al menos 11 municipios de Colombia los grupos armados les han estado imponiendo reglas a las poblaciones locales para controlar la propagación del Covid-19.

El 8 de junio ‚Äúdisidencias‚ÄĚ de las farc asesinaron a un l√≠der comunitario del Putumayo que hab√≠a denunciado los excesos de los grupos armados.

‚ÄúEn diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagaci√≥n del Covid-19‚ÄĚ, inform√≥ Jos√© Miguel Vivanco, director para las Am√©ricas de Human Rights Watch (HRW). ‚ÄúEste brutal control social refleja las hist√≥ricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del pa√≠s que permita proteger a las comunidades en riesgo‚ÄĚ, recalc√≥.

Entre los meses de marzo y junio de 2020, HRW entrevist√≥ v√≠a telef√≥nica a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, entre los que se encuentran l√≠deres comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, polic√≠as y residentes de las zonas.

La investigaci√≥n de HRW concluy√≥ que en al menos 11 municipios de Colombia los grupos armados les han estado imponiendo reglas a las poblaciones locales para controlar la propagaci√≥n del Covid-19. Los departamentos donde HRW identific√≥ este tipo de actividades fueron Arauca, Bol√≠var, Caquet√°, Cauca, Choc√≥, C√≥rdoba, Guaviare, Huila, Nari√Īo, Norte de Santander y Putumayo. En al menos cinco de estos departamentos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a ella para lograrlo.

Entre los grupos que han implementado el homicidio como medida disuasoria para imponer la cuarentena est√°n  las ‚Äúdisidencias‚ÄĚ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ej√©rcito de Liberaci√≥n Nacional (eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o tambi√©n conocidos como el Clan del Golfo.

Difusión de panfletos

HRW identific√≥ 20 panfletos distribuidos por los grupos armados. En Bol√≠var, miembros del eln difundieron a principios de abril un panfleto donde anunciaban que se ve√≠an ‚Äúforzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas‚ÄĚ debido a que la poblaci√≥n no hab√≠a ‚Äúacatado las √≥rdenes de prevenci√≥n en contra del Covid-19 [sic]‚ÄĚ. En el panfleto se indica que ‚Äús√≥lo pueden trabajar graneros, droguer√≠as y panader√≠as‚ÄĚ, y aclara que las dem√°s personas deber√°n cumplir el ‚Äúaislamiento‚ÄĚ en sus casas. Los grupos armados tambi√©n han hecho difusi√≥n de estos mensajes entre las comunidades a trav√©s de cadenas de WhatsApp. Algunos grupos armados tambi√©n han organizado reuniones con la poblaci√≥n para informarle sobre las normas impuestas en la zona, seg√ļn funcionarios de derechos humanos.

A comienzos de abril, el eln distribuy√≥ un panfleto en el departamento de Choc√≥ en el que enumeraba ocho reglas. Estas incluyen el ‚Äúcerramiento total de v√≠as‚ÄĚ, la prohibici√≥n de ‚Äútoda clase de eventos p√ļblicos y reuniones‚ÄĚ con m√°s de diez personas, la prohibici√≥n de salir entre las 8 p. m. y las 6 a. m., y el aislamiento obligatorio a las personas que lleguen a la zona.

El Frente Carolina Ram√≠rez difundi√≥ un panfleto en Putumayo en donde anunci√≥ que por el Covid-19 ‚Äúqueda totalmente prohibido transitar despu√©s de las 7 de la noche con excepci√≥n de los enfermos‚ÄĚ. Asimismo, el panfleto indicaba que ‚Äúsolamente se permite la entrada y salida de embarcaciones ya establecidas‚ÄĚ. Quien no cumpla esta norma debe pagar una ‚Äúmulta‚ÄĚ equivalente a 2¬ī000.000 de pesos (cerca de 550 d√≥lares).

Los toques de queda

Si bien el Gobierno ha permitido que sigan abiertas las tiendas que venden alimentos, medicamentos y otros insumos b√°sicos, en Tumaco los grupos armados le han exigido a los propietarios mantener cerrados sus negocios, afirmaron l√≠deres comunitarios.

El Gobierno permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, as√≠ como en otros supuestos de necesidad grave, incluso durante los horarios de toques de queda. No obstante, HRW reporta que en partes de Nari√Īo, Arauca, Putumayo y Guaviare no les han permitido a las personas, incluso a los enfermos, salir durante la cuarentena de sus casas.

En el Norte de Santander el Ej√©rcito Popular de Liberaci√≥n (epl) ‚Äúinvit√≥‚ÄĚ a las personas a cumplir las medidas y manifest√≥ que sus miembros se encargar√≠an de ‚Äúcontribuir al control de la poblaci√≥n‚ÄĚ.

Los grupos armados no tienen ning√ļn problema con recurrir al homicidio para hacer cumplir sus leyes. En Nari√Īo, el pasado 4 de abril hombres armados dispararon contra un veh√≠culo particular en la carretera que conecta a Barbacoas con Tumaco. En el veh√≠culo hab√≠a cuatro personas, entre ellas una pasajera enferma y un param√©dico. El carro llevaba una bandera que se utiliza habitualmente en Colombia para identificar a los veh√≠culos que est√°n en una ‚Äúmisi√≥n m√©dica‚ÄĚ. Dos de los pasajeros murieron y los otros dos resultaron heridos.

El ataque fue perpetrado por miembros del grupo armado Los Contadores, que participa en las cadenas de narcotráfico en la región. Funcionarios judiciales y trabajadores humanitarios que analizaron el caso, afirman que el grupo armado llevó a cabo el ataque para hacer cumplir la orden de no salir de los domicilios después de las 6 p. m.

La comunidad obligada a hacer retenes

En Guaviare y Putumayo ‚Äúdisidencias‚ÄĚ de las farc establecieron puestos de control y, a menudo, obligan a las comunidades a controlar el acceso de personas externas. Un l√≠der comunitario del Guaviare describi√≥ el control social que ejerce el Frente 1: ‚ÄúEllos mandan aqu√≠ y tenemos que obedecerlos‚Ķ Nos ordenan que tengamos que poner puntos de control en las carreteras; nos ordenan que cuando oscurece no quieren ver a nadie en las carreteras; que quien se mueve cuando est√° prohibido debe recibir lo que merece por desobedecer‚Ķ Dicen que hacen esto para evitar que el virus nos alcance, pero siempre han impuesto sus medidas para el control social y territorial‚Ķ Preferimos prestarles atenci√≥n porque, de lo contrario, pueden hacernos da√Īo por desobedecer o hacer da√Īo a nuestras familias‚Ķ Aqu√≠, nadie nos va a proteger‚ÄĚ.

El asesinato como medida disuasión

El 4 de abril, el campesino Jos√© Rubiel Mu√Īoz Sambon√≠ fue asesinado en el corregimiento La Medina luego de haber llegado desde una comunidad cercana para reunirse con amigos. Un fiscal que examin√≥ el caso y la Defensor√≠a del Pueblo creen que lo asesinaron miembros del eln porque no cumpli√≥ con el confinamiento dictado por este grupo.

El 26 de abril, miembros de la columna m√≥vil Jaime Mart√≠nez, un grupo que surgi√≥ de la desmovilizaci√≥n de las farc, mataron a Armando Monta√Īo, Weimar Arar√° y Humberto Sol√≠s, e hirieron a otros cuatro civiles en el departamento de Cauca. Las v√≠ctimas fueron atacadas en un parque p√ļblico, seg√ļn indicaron a HRW un fiscal y un funcionario de la Defensor√≠a que investigaron el caso. El fiscal dijo que ten√≠an evidencia de que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado. Los miembros de la disidencia les hab√≠an advertido a las v√≠ctimas que ser√≠an asesinadas si no cumpl√≠an con las normas, sostuvo el fiscal.

El l√≠der comunitario Edison Le√≥n P√©rez denunci√≥ los excesos de los grupos armados en las zonas rurales del municipio de San Miguel, entre los que se encontraban el establecimiento de puntos de control ilegales donde imped√≠an la entrada al hospital de la zona a personas enfermas:

‚ÄúComo es de su conocimiento, aproximadamente a unos trescientos metros del hospital‚Ķ se instal√≥ un puesto de control sanitario con las comunidades‚Ķ impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la regi√≥n, donde se obliga a las comunidades‚Ķ a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protecci√≥n‚Ķ exponi√©ndonos a contraer el virus Covid-19‚Ķ A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar all√≠ son los autorizados por el grupo de narcos‚ĶSe√Īor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acci√≥n comunal‚Ķ no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte‚ÄĚ.

El 8 de junio miembros de las ‚Äúdisidencias‚ÄĚ del Frente 48 de las farc asesinaron a sangre fr√≠a a Le√≥n P√©rez. Su asesinato permanece impune y los terroristas contin√ļan con un f√©rreo control del municipio de San Miguel.

T. de PanAm Post 

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